19 noviembre 2022

Organización Peronismo Militante: Documento de Mar del Plata

La agrupación Peronismo Militante dio a conocer su documento balance del Segundo Encuentro de Cuadros de la Provincia de Buenos Aires:

El mundo transita una etapa crítica. De la actual conflagración surgirá, sin dudas, un nuevo orden global, distinto al que conocimos.

Estados Unidos no dudó en continuar acechando a Rusia mediante la instrumentalización de Ucrania. El gobierno de Putin se vio impelido a aceptar la provocación e involucrarse en lo que llamó en su momento “operación especial”, ocupando el sur ucraniano, la zona “más rusa” de aquel país cuyos límites estableció en su momento la URSS de Lenín. Europa quedó presa de la política yanqui y sufre las consecuencias económicas de revitalizar el bloque “occidental”, retomando ese concepto propio de la Guerra Fría.

Estados Unidos se benefició de esto gracias, entre otras cosas, al gas que ahora coloca en Europa y a las ganancias (¿cuándo no?) de su industria armamentística. Las sanciones a Rusia la volcaron a mayores acuerdos en Asia (“Oriente”, en ese es quema conceptual) y pudo sortear los da ños económicos, fortaleciéndose.

Los cálculos norteamericanos parecen haber fallado, aunque persiste, empujado por la desesperación de percibir que su hegemonía está en jaque. Tal vez, la potencia vetusta nos muestra sin pudor su decadencia al exhibir la senilidad de su Presidente… El resto del mundo (Argentina y Nuestra América incluidas) se vio perjudicado por el alza de los precios internacionales y los problemas de abastecimiento, amén de las presiones diplomáticas para que defina su apoyo a uno u otro de los contendientes, cuya confrontación refleja también la puja entre la política “occidental” colonizada por las corporaciones multinacionales, y los intentos (a veces más, a veces menos consolidados) de las potencias medianas o grandes de “Oriente” por planificar la economía desde los Estados, en tanto éstos representan la soberanía de sus pueblos, independientemente del sistema político que se hayan dado.

El objetivo final de la política exterior norteamericana, hoy aparentemente enfocada en el enemigo ruso, es en realidad China.

Terminada la interdependencia económica entre China y Estados Unidos, de la que “el gigante asiático” ha ido librándose paulatina pero persistentemente (aunque no del todo aún), los Estados Unidos pasaron a una política de altísima conflictividad en la que también pretenden embarcar a Europa. La exhumación del concepto geopolítico “Occidente”, se coordina con ese intento de enlistar al “viejo continente” en esa confrontación, basándose en una declamada comunidad de valores que resulta en un ideologismo perjudicial para las relaciones internacionales.

Mientras tanto, ese “Occidente” tramita su propia decadencia. Avanza la desigualdad en sus sociedades otrora integradas en el “estado de bienestar” pero que ahora carecen de instrumentos para dar cuenta de las nuevas realidades y actores sociales, económicos, mediáticos, tecnológicos, etc. Las democracias parecen entrar en una crisis a través de la cual se cuelan los discursos de odio y, aun más, las opciones electorales de la “derecha alternativa”, que expresan lo que Cristina Fernández de Kirchner llamó la “insatisfacción democrática”. El aumento de la desigualdad pone en crisis a los sistemas políticos de Europa, cada vez más cuestionados por su población.

Esa decadencia sistémica, se irradia hacia las periferias. Pero en los países semicoloniales que las integran asume otro cariz: funciona como coartada, como “canal muerto” para derivar esa “insatisfacción” hacia un ultraliberalismo autoritario orientado a hostigar los distintos movimientos nacionales de liberación, particularmente en América Latina, donde el imperialismo y las transnacionales despliegan todo su arsenal para evitar el retorno de los proyectos soberanos a la región. Lo que en “Occidente” es pura crisis del sistema político, en nuestros países transmuta en herramienta colonial. Su objetivo es obstaculizar políticas que impliquen que nuestros Estados asuman un rol más activo en la búsqueda de soberanía energética, alimentaria, sanitaria, en telecomunicaciones, industrial y financiera; fortaleciendo sus mercados internos y su economía en general, y generando cooperación internacional mediante alianzas estratégicas.

Esas dificultades del sistema ultra liberal basado en el predominio exclusivo del gran capital se mostraron cruelmente durante la pandemia. Otra vez quedó demostrada la ineficiencia del discurso neoliberal antiestatal: fueron los Estados los que se pusieron al hombro la resolución de los dramáticos problemas que ocasionó. Garantizaron la salud, el trabajo y la producción, a pesar de la voluntad de las grandes corporaciones. Pero finalmente éstas robustecieron su poder y la desigualdad se acrecentó brutalmente en todas las latitudes.

La inexistencia de una solidaridad política internacional quizás pueda pensarse como una de las razones de ese saldo luctuoso. Cada país trató de atender sus propias necesidades, muchos (con Estados Unidos a la cabeza) incluso negándose a generar bienes públicos globales destinados a la pandemia.
“Nuestros países no son “subdesarrollados” como se llama ahora a las naciones sindicadas como incivilizadas, sino que como consecuencia de confiar en esas “ayudas” hemos sido descapitalizados primero y endeudados luego, porque los americanos del Norte hicieron primero los países pobres y luego inventaron la ayuda para el progreso, que no es tal ayuda, sino una especulación más para seguir sumiéndonos en la pobreza, como muy bien lo había ya afirmado Bolívar hace un siglo y medio”.

Juan Domingo Perón, La Hora de los Pueblos.

El orden global de posguerra está en crisis. Lo único que persiste es el prosaico propósito del coloniaje, y en nuestra región se vive dramáticamente a raíz de la determinación estadounidense de no perder el control de la América criolla, a la que supone su refugio colonial.

El período de crecimiento económico, distribución de la riqueza, integración regional, justicia social y soberanía en expansión que vivimos en la primera década del siglo XXI despertó la ira y el trabajo coordinado del imperialismo (que se veía empantanado con crisis bélicas en Oriente Medio) para su desterramiento.

Los golpes parlamentarios en Brasil y Paraguay, sumados a la persecución judicial y mediática de todo líder popular en la región, tuvieron su efecto de “represa antinacional”, para contener y morigerar el avance emancipador comenzado en 1999. Su principal consecuencia, y mayor éxito, fue el de la “confusión alienante” en gran parte de la población suramericana que por origen social o tradición cultural debería ser permeable o adherente a los líderes y proyectos nacionales y populares, pero que lastimosamente incorporaron el discurso y la acción del enemigo, su propio verdugo, comprando las muletillas de “lucha contra la corrupción” vendidas por los medios masivos y dirigentes autoproclamados “adalides de la transparencia”, entre los que destacaron algunos cuyas historias personales y familiares abundan en corrupción, contrabando y estafa. Delitos de guante blanco que cuentan con protección judicial y mediática.

Nuevos liderazgos nacidos de las entrañas de las oligarquías de nuestros países llegaron al poder, en muchos casos hasta ganando elecciones “transparentes”, por primera vez, aunque con los líderes populares proscriptos, perseguidos o encarcelados; todos víctimas de un fusilamiento mediático permanente.

Así comenzó el período de gobiernos como los de Janine Añez en Bolivia, Jair Bolsonaro en Brasil, Lenin Moreno en Ecuador, Mauricio Macri en Argentina, Sebastián Piñera en Chile, cuyas gestiones, si bien efímeras, han dejado un cayo de adhesión cultural y desclasamiento en sectores de la población no tan minoritarios. Ése ha sido su mayor triunfo, y generó que la polarización política en Suramérica se agudizara.

A poco de empezar, las gestiones de estos personeros del capital, el libre mercado, el clasismo y el racismo extremos, tambalearon, y ninguno logró reelegir. Pero condicionaron fuertemente a sus países. Por ejemplo, a través del endeudamiento exponencial, como en Argentina y Ecuador. Aquellos liderazgos populares de principios del 2000, con el acompañamiento del cual aún gozan, se pusieron en la tarea del retorno al poder de sus proyectos. Evo Morales consiguió el triunfo del MAS en Bolivia, colocando a Luis Arce en la presidencia. En Honduras triunfó en las elecciones Xiomara Castro, esposa de Manuel Zelaya, el primer mandatario democrático derrocado con anuencia de los Estados Unidos en el año 2009. Cristina condujo al Peronismo al retorno al poder, colocando a Alberto Fernández en la casa Rosada, ocupando ella misma la Vicepresidencia de la Nación, en un hito novedoso de la política regional y mundial, donde el líder cede el primer plano para ocupar un rol secundario en la gestión, pero de vigilancia ante el gobierno resultante. En Chile surgió un liderazgo nuevo de centro izquierda, luego de las grandes revueltas populares cuya coro nación fue el acceso de Gabriel Boric al Palacio de La Moneda. En Colombia, Gustavo Petro logró alzarse con un triunfo que puso fin al largo ciclo de gobiernos abiertamente pro yanquis. Venezuela, con altibajos, ha logrado resistir todo tipo de embates, y su población, asediada por crisis económicas inducidas, bloqueo mediante, pero también con errores autoinfligidos, ha logrado permanecer desde principios del Chavismo en el gobierno de manera ininterrumpida. El caso brasilero, corazón de la América del sur por peso demográfico y económico, es el de mayor impacto. Lula da Silva, perseguido, encarcelado y calumniado, logró retornar al poder derrotando con una amplia alianza política, a Jair Bolsonaro, en un ajustado ballotage, y comenzará en enero su tercer mandato.

Sin embargo, el contexto geopolítico mundial (en particular la guerra imperial comandada por la OTAN en Ucrania) pone al mundo al borde de la escasez alimentaria, energética y con altísima inflación global. Los gobiernos populares, altamente condicionados por su inmenso endeudamiento, inflación, persecución judicial y mediática, ya no gozan de la distracción del imperio y encuentran dificultades para la redistribución de la riqueza rápida y eficientemente.

El poder relativo de América Latina ha perdido gravitación y ha aumentado su vulnerabilidad respecto de los países centrales y las transnacionales, es cierto. Pero estamos a las puertas de un nuevo período de integración, en el cual el eje Argentina-Brasil debería ser un gran impulso para la construcción de esa comunidad internacional más justa. Articulados con el México de López Obrador, retornado a las políticas latinoamericanistas, deberíamos inaugurar un tiempo de avance para nuestros pueblos, para la gran nación americana mestiza.
“Hay que tener la política de la fuerza que se posee o la fuerza que se necesita para sustentar una política. Nosotros no podemos tener lo segundo y, en consecuencia, tenemos que reducirnos a aceptar lo primero, pero dentro de esa situación podemos tener nuestras ideas y luchar por ellas”.
Juan Domingo Perón, La Hora de los Pueblos.

 Nuestra política exterior refleja la pugna histórica entre los dos modelos de país que disputan hace 200 años en Argentina: el proyecto de soberanía y el anti proyecto de inserción dependiente en el “mercado mundial”, antes que en “el mundo”, aunque también con un componente ideológico relevante.

En la década de 1990, partimos de un mundo unipolar con una clara hegemonía de Estados Unidos como ordenador económico y político a escala global. La Argentina se adaptó colonialmente a ese orden enmarcada en la “doctrina del realismo periférico”.

Tras la recuperación de soberanía realizada por los gobiernos de Néstor y Cristina, el interregno macrista volvió a someter a la Nación a los proyectos ajenos. Teñida de aquel “componente ideológico” que señalamos más arriba (hoy “globalista” y neolberal), la diplomacia del gobierno de Cambiemos priorizó los vínculos con Estados Unidos y los países de Europa occidental, sometió nuestra soberanía a los organismos multilaterales de crédito y se mostró favorable al sector financiero internacional y las empresas transnacionales, verdaderos beneficiarios (además de algunos integrantes del Gobierno) de las políticas de timba financiera y endeudamiento emprendidas.

En materia política, se encolumnó al dictado estadounidense de aislar a Venezuela y reorientar los mecanismos de integración regional hacia la Alianza del Pacífico, primero, y al Grupo de Lima, después, así como de desjerarquizar las relaciones con China y Rusia.

Tanto con el intento de acelerar los pactos de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, como el de integrarnos a la OCDE, se buscó condicionar la economía nacional, asociando el interés extranjero al de la alta burguesía y la oligarquía dedicadas al extractivismo de los dólares de nuestro espacio económico, sin interesar el daño que se pudiera infligir a los sectores nacionales cuyo destino está atado al de nuestro mercado interno. Pero la apuesta por la apertura fracasó en su objetivo de atraer inversiones y en el de fortalecer las relaciones comerciales internacionales, pues colisionó con un rotundo cambio en el contexto internacional, donde las medidas proteccionistas (nunca abandonadas, en verdad) eran y son cada vez mayores.

La Argentina, a pesar de estos condicionamientos, retomó la voluntad de torcer el destino regional, y puede profundizar esa senda, continuando la que en 2003 comenzaron Néstor Kirchner y Cristina, colocando en el poder a un argentino o argentina a la altura de las circunstancias, que, junto a Lula, empuje la región hacia un futuro de paz, crecimiento y redistribución económica, bregando por el multipolarismo e impulsando alianzas con bloques que participen de visiones similares, cuidando nuestra conveniencia en el intercambio comercial.

En este escenario de multipolaridad erosionada, presa de tensiones, incertidumbres y riesgos derivados de la crisis de hegemonía norteamericana, y complejizada por la volatilidad del surgimiento de nuevos actores no estatales, la nación busca modificar la dependencia en la que nos sumió el macrismo. Las novedades políticas de nuestra región parecen indicar mayores probabilidades de desarrollar una política exterior soberana.

Nuestro horizonte es el desarrollo industrial y la inserción internacional autonomista y latinoamericanista. Ante una transición posible del poder desde “Occidente” hacia “Oriente”, deberíamos tender a consolidar los organismos regionales de la América criolla y articular con lo que hoy suele mencionarse como “sur global” y podríamos relacionar con lo que llamamos el “Tercer Mundo”, que ya no es el de la Guerra Fría sino más bien el conjunto de países periféricos que buscan resistir a la feudalización de las multinacionales y a los embates del imperialismo, que están asociados para la expoliación del mundo.

La incorporación a los BRICS, por ejemplo, iría en ese sentido.

Con respecto a China, resulta evidente la necesidad de seguir buscando acuerdos de complementariedad, evitando la primarización de nuestras exportaciones, como ha sucedido cada vez que nuestra política interna desatendió el equilibrio en esa relación, al no tener una estrategia soberana adecuada, destinada a la industrialización y al financiamiento de nuestro desarrollo, tal como sucedió cuando el gobierno de Macri paralizó las grandes obras de infraestructura hoy retomadas. Ese riesgo está siempre presente, pero depende sobre todo de nuestra propia voluntad de situarnos frente al gigante con la dignidad que merece nuestro pueblo.

Con Estados Unidos predomina una agenda económica ligada a nuestras necesidades financieras y de inversión, debido a su peso en los organismos multilaterales de crédito, verdaderos “ministerios de colonias” surgidos del orden de posguerra. Quitarnos ese lazo requiere de una política exterior inteligente y desprovista de “barreras ideológicas”, que se base en nuestros propios intereses y se oriente al desarrollo económico redistributivo, la paz, la restricción de los intereses de las grandes potencias en nuestra región y la construcción de un orden internacional más equitativo.

A la neutralidad inteligente respecto del conflicto armado deberíamos sumarle la promoción de un nuevo orden internacional basado en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la cooperación, para salvaguardar los intereses de la humanidad, lo que incluye la lucha contra la injusticia, el hambre y la destrucción del ambiente. Sin la consolidación de la Patria Grande, esa tarea será infructuosa.
“Voy a hacer, como siempre, lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad, pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente.”

Cristina Fernandez de Kirchner, discurso ante delegados de la UOM (04-11-2022)

La actual coyuntura política es altamente desafiante para la militancia organizada del movimiento nacional y popular. El Peronismo Militante militó con decisión y convicción el triunfo del Frente de Todos en 2019, en el entendimiento de que la decisión de nuestra Conducción Estratégica, Cristina Fernández de Kirchner, ofrecía a la Argentina la mano tendida para una convivencia democrática que posibilitara una transición ordenada desde la debacle premeditada y alevosa en que nos dejó el gobierno liberal macrista.

Triunfar sobre la alianza amarilla parecía muy probable, aunque con ciertos riesgos mientras el Peronismo llegara en dos o tres listas diferentes a los comicios. De todos modos, existían dudas sobre la gobernabilidad que podría sobrevenir a ese triunfo. Estaba claro que las fuerzas coaligadas (sistémicas) de liberales y corporaciones empresarias, mediáticas y judicial, en sintonía con la mafia macrista y los intereses imperialistas, ofrecerían su resistencia enconada a un posible gobierno de Cristina. La fórmula presentada por el Frente de Todos, mostró entonces dos ejes principales: al encabezarla Alberto Fernández, se expresaba la vocación de articular las diferencias, los matices del frente nacional; y al secundarla Cristina quedaba claro que la fuerza mayoritaria del país sustentaría al eventual gobierno surgido de las urnas. La misma Cristina, en su mensaje del 18 de mayo anunciando la fórmula, expresó la dificultad que podía encontrarse para gobernar sin una fuerza unificada.

Sin embargo, paulatinamente pudo apreciarse cómo nuestro gobierno, encabezado por Alberto Fernández, se tentaba en un dialoguismo inconducente que, a poco andar, se encontró con la oposición virulenta de todo el sistema de poder histórico, fortalecido brutalmente tras el período macrista. Pero no modificó el método. Insistió en ese consensualismo, sin obtener resultados a la hora de encauzar la recuperación de los ingresos populares, a pesar de la puesta en marcha del crecimiento económico, aún tras la pandemia, cuando en un mundo de piratas en el que los países centrales robaban vacunas de otros en las aduanas, los esfuerzos diplomáticos argentinos no sólo lograron que se repatriasen más de 200 mil personas varadas por la cuarentena y que se desarrollaran vacunas en nuestro territorio, erigiéndonos en un eslabón de la fabricación mundial, sino que también se garantizó en gran medida el empleo, la producción y la asistencia. La posición nacional frente al flagelo de la pandemia consistió en promover un multilateralismo basado en la solidaridad y reclamar una justicia redistributiva a nivel global..

Pero la crisis sanitaria alteró los planes económicos que la Argentina podía proyectar al momento del triunfo del Frente de Todos en 2019: Se demoró la renegociación con el FMI y se debieron afrontar gastos crecientes para evitar la catástrofe, máxime con un sistema de salud desarticulado por la gestión anterior. Al finalizar el período crítico, a pesar de la decidida y exitosa gestión del Gobierno, también aquí habían aumentado la desigualdad, la concentración y, con ellas, la “insatisfacción democrática”, potenciadas posteriormente por la guerra en Ucrania, cuya prolongación generó aumentos en los precios de la energía y profundizó la inflación en alimentos.

Los diversos mecanismos de apropiación, tanto los históricos como los generados entre 2015 y 2019 o durante la pandemia, no fueron conjurados, en general, por la gestión gubernamental.

Como resultado, desembocamos en un empeoramiento significativo de la distribución de la riqueza medida según participación de salarios y ganancias. Es decir, unos pocos fueron adueñándose del producto de muchos. Se llegó al punto de que hoy existen asalariados formales que están debajo de la línea de pobreza.

Poco a poco, Cristina fue señalando estas falencias que todos veíamos. Sobrevinieron la derrota de 2021 y la explicitación de desavenencias sustanciales en el Frente. El acuerdo con el FMI selló la disidencia. Las negociaciones no incluyeron el necesario cuestionamiento a la legalidad del préstamo y el condicionamiento buscado con la maniobra de endeudamiento quedó sin obstáculos, postrando una vez más a la Nación. La disociación operada desde el Poder Ejecutivo respecto de la fuerza mayoritaria del Frente de Todos, a la que no se le reconoció el derecho de incidir en el rumbo de la política nacional, debilitó profundamente al Gobierno, que quedó preso de los dicterios del poder económico. El antojo de “los dueños de todas las cosas” sometió a las mayorías a una inflación galopante, mientras ellos se apropiaban de más y más dólares destinados al pago de las deudas contraídas por el sector privado durante el macrismo y a importaciones amañadas, amparadas además por ciertos jueces.

Finalmente, el desacuerdo encontró su síntesis en la expresión genial de Cristina: “use la lapicera, Presidente”, indicando la falta de determinación. El consensualismo no dio frutos y se estableció un sistema de crecimiento económico de sesgo exportador sin beneficio para las grandes mayorías. Aumentóel empleo, pero también la indigencia. Ése es el núcleo de las disidencias internas del Frente de Todos. Los logros en cuanto a crecimiento industrial están a la vista de economistas y sociólogos, pero no del común de las argentinas y argentinos. Resulta indispensable modificar esa realidad para retomar la senda de la distribución del ingreso. Es un imperativo ético, político y hasta electoral, para los utilitaristas.

Desde la perspectiva del Peronismo Militante, y también de una gigantesca porción de la población, la única que puede torcer ese rumbo es Cristina Fernández de Kirchner. Por eso bregamos, sin dudas, por establecer para el futuro que la conducción del proceso político debe estar en sus manos. Su candidatura presidencial representaría el anhelo de millones de argentinas y argentinos, pondría blanco sobre negro la naturaleza real de la disputa nacional y convocaría a una nueva esperanza que conjure la negra noche que el liberalismo y sus aliados preparan para la Patria.
“A la fuerza brutal de la antipatria, opondremos la fuerza del Pueblo organizado”.

Evita

El 1° de septiembre ha marcado un parteaguas en nuestra historia. El intento de asesinato contra Cristina ha mostrado (una vez más) hasta qué punto es capaz de llevarnos el gorilismo. Procesados los principales autores materiales, resta dilucidar la verdad acerca de la existencia o no de autores intelectuales, amén de las responsabilidades de los distintos actores políticos que con su encono antipopular nos trajeron hasta acá. Nuestra organización, como todos los argentinos y argentinas de bien, reclama para este hecho verdad y justicia. El Poder Judicial, otra vez, no responde a esta necesidad de justicia. Al contrario, se ha constituido en nuestro enemigo declarado. Desde que Cristina fue candidata presidencial por primera vez en 2007, el aparato comunicacional se dedicó a fustigarla cada vez con mayor virulencia. A medida que fue evidente que esos ataques no la amedrentaban y que su vocación era profundizar el rumbo político de justicia y soberanía inicia- do en 2003, las fuerzas coaligadas del poder económico local y los intereses contradictorios con los nacionales acrecentaron ese ataque. No cejaron ni ante el triunfo del macrismo en 2015 ni tras el ofrecimiento de la candidatura presidencial a Alberto Fernández.

Es que el modelo liberal impuesto a sangre y fuego en 1976 se había encontrado por primera vez, a partir de aquel 2003, con una fuerza que lo cuestionaba severamen te y producía desde el Gobierno y desde el llano acciones y discursos tendientes a contrarrestarlo y a recuperar la justicia social y la soberanía conculcadas durante la dictadura de Videla y Martínez de Hoz y no recuperadas durante los 20 años siguientes de democracia condicionada por la deuda externa y el surgimiento de aquel mundo unipolar que alumbró la década del 90.

Las fuerzas de la antipatria detectaron tempranamente al enemigo, tanto como el campo nacional y popular encontró a su conducción. Por eso, la persecución judicial y el intento de asesinato de Cristina son sólo variantes tácticas en la estrategia de los enemigos de nuestro pueblo. El objetivo explícito es eliminar a Cristina, como sea, para impedir que la Argentina retome el camino del bienestar social y la soberanía política, disputando directamente los recursos nacionales con esos sectores del capital concentrado que utilizan a nuestro país como una fuente inagotable de extracción de dólares; y ese capital no se avergüenza de buscar el patrocinio de las fuerzas multinacionales que aspiran a someternos al extractivismo de nuestros recursos naturales estratégicos.

Lo que buscan es liquidar la capacidad revolucionaria del Peronismo. Inversamente, la tarea del movimiento nacional en general y del Peronismo Militante en particular es y será construir las condiciones para que los destinos de la Patria vuelvan a ser dirigidos por la única militante que ha demostrado con hechos ser capaz de conducirla hacia sus objetivos históricos de justicia social, soberanía política e independencia económica, sustentados en un programa latinoamericano de unidad y una filosofía cultural profundamente nacional.

Se intenta eliminar a la dirigente más representativa, a la única que realmente cuenta con millones de compatriotas que se sienten y se dicen representados por alguien a quien le reconocen la conducción. Una certeza que comparten cuadros políticos relevantes, militancia organizada y vastas bases sociales. Suprimiendo el vértice de esa certeza, pretenden desarticular la posibilidad histórica de construir una comunidad organizada que plante a la Nación en el mundo y a las mayorías, al conjunto nacional, en el plano interno.

De ese programa posible, pero suspendido por un gobierno timorato, pretenden protegerse los que medran con el postergamiento de los necesitados, y la postración nacional. Cuando combaten a Cristina, intentan impedirlo. Inversamente, cada vez más sectores perciben en ella la posibilidad de reemprender el camino de la liberación nacional y social. Un rumbo que debe comenzar por recuperar para el Estado, órgano de conducción política de la Nación, el papel de árbitro en la economía y decisor autónomo en la política internacional, de modo de retornar al predominio de la soberanía popular, única fuente legítima del poder democrático.

Tres jalones populares tuvo la respuesta al ataque a Cristina: 1) las jornadas de Recoleta, cuando se impidió el cerco que primero intentaron los energúmenos que finalmente quedarían pegados al intento de asesinato y luego efectivizó la policía política porteña; 2) la masiva movilización de repudio al atentado, replicada multitudinariamente en las plazas de todo el país;

    el acto del 17 de Octubre, cuando, des de la pertenencia histórica del movimiento peronista, se expresó programáticamente el conjunto de reivindicaciones que la hora Nuestra organización participó activamente en las tres. En la última, firmamos un documento conjunto que planteó la necesidad de ciertas políticas públicas. Las retomamos aquí y las complementamos.

Son muchas las tareas necesarias, y algunas urgentes:


    Reponer al Estado en su papel de regulador y planificador de la economía para colocar a ésta al servicio de la comunidad y de las personas, comenzando por políticas decididas en contra de la inflación, esto es: disciplinar a los formadores de precios y recuperar el nivel de ingresos, en un país que tenía el salario más alto (medido en dólares) de América Latina en 2015, pero que hoy se encuentra entre los más bajos; y establecer como prioritarios la generación de trabajo digno (en su remuneración y en sus condiciones) y de crecimiento.

    Retomar el control efectivo de las vías navegables, los puertos y el comercio exterior, para fortalecer tanto la soberanía nacional como la capacidad recaudatoria y las posibilidades de regulación del mercado de alimentos, hoy distorsionado por el predominio de los intereses exportadores.

    Derogar la legislación financiera heredada de la dictadura liberal genocida, para poner el capital nacional al servicio de la producción, el trabajo, el desarrollo científico-tecnológico y el bien común. Agregamos que asimismo es necesario derogar la Ley de Inversiones Extranjeras (también de la dictadura), que pone en igualdad jurídica a las empresas transnacionales y a las de capital nacional, lo que equivale a privilegiar a las primeras de modo de modificar el sistema tributario progresiva pero drásticamente, para confluir a uno nuevo, donde la carga impositiva sea equitativa, promueva la movilidad social y consolide las capacidades estatales.

    Confrontar decididamente contra esos poderes mediáticos que hoy, con mentiras y operaciones, dedican su predominio a obstaculizar la consolidación de un proyecto nacional y Democratizar el espacio comunicacional es un imperativo de las democracias modernas.

    Trabajar sostenidamente por la restauración de un Poder Judicial ecuánime, independiente de todos los poderes políticos y económicos. Hoy ese Poder del Estado está dedicado a la persecución de los liderazgos populares, a garantizar la impunidad de quienes saquearon al país en nombre de “la libertad” y a impedir toda medida destinada a eliminar privilegios y distribuir la riqueza nacional.

Desde el punto de vista específico de la provincia de Buenos Aires, hay al menos tres políticas que podrían ser centrales a la hora de desplegar nuestra acción en los tiempos que vienen:

    En línea con la recuperación de la soberanía en las vías navegables (que en sí mismas interesan a nuestra provincia, en tanto pasan por su territorio) la realización del Canal de Magdalena.
    Promover el debate por una nueva constitución nacional en la línea de un constitucionalismo social heredero de la Constitución de Paralelamente, bregar por una nueva definición de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que se ha apropiado de recursos nacionales, pertenecientes al resto de las provincias, y que con ellos ha establecido un régimen que pone en peligro al poder nacional, tal como sucediera durante el siglo XIX hasta su federalización. La existencia de una policía política como la actual de la Ciudad, debería alertar al conjunto de las provincias, si realmente aspiran a un sistema federal. La ciudad de Buenos Aires ejerce hoy su autonomía por fuera del mandato constitucional.
    Colocar en el centro del debate nacional el problema de la sub representación parlamentaria de la provincia de Buenos Aires.

Respecto a este último punto, expliquemos:

Al terminar la dictadura, en 1983, fue ella misma la que estableció las proporciones de representación en la Cámara de Diputados de la Nación. La “Ley Bignone” (Ley N° 22.847), con el supuesto y aparentemente loable propósito de favorecer a las provincias menos pobladas, estableció que tras la primera elección del nuevo período democrático la cantidad de diputados por provincia fuese diferente a la prevista en la Constitución Nacional. Más allá de buscar que las provincias de menor población no carezcan de una representación que permita los equilibrios políticos internos (esto es: que no queden sin representación parlamentaria nacional los partidos minoritarios de esas provincias), lo cierto es que la condición federal está garantizada en nuestro sistema institucional por la existencia de la Cámara de Senadores, que coloca a todas las provincias en un pie de igualdad. La Cámara de Diputados es, en cambio, la representación popular, y debería estar acorde a las poblaciones de los distritos electorales, tal como lo establece la Constitución.

Según ciertos cálculos, Buenos Aires tiene en la Cámara de Diputados de la Nación alrededor de 30 integrantes menos de los que le corresponderían. Seguramente es un tema arduo, pero urgente.

Nuestra provincia no sólo es el corazón del peronismo, sino también el corazón industrial del país. Su sub representación parlamentaria es producto de la especulación de la dictadura, y estuvo destinada a morigerar el peso de esos dos factores que tanto irritan a nuestros liberales: el peronismo y el proyecto industrialista soberano. Los resultados están a la vista. ¿Cuánto mejor se hubiera defendido la Argentina industrial de las políticas liberales si no se le hubiese cercenado a Buenos Aires su representación? Nunca lo sabremos. Lo que sí podemos decir, es que el futuro del país también se juega en esta disputa.

No está mal garantizar a las provincias de baja población alguna representación mínima, pero sí quitarle a los electores el valor de su voto, como nos sucede a los bonaerenses.

Por último, un tema que debe comenzar a ocupar nuestro pensamiento es el hecho de que Buenos Aires, con las nuevas posibilidades de la explotación off shore de petróleo, se está convirtiendo en una provincia hidrocarburífera, lo que obliga a planificar el uso de esos recursos y su defensa. Vienen tiempos difíciles en un mundo excesivamente convulsionado. Navegarlo con éxito implica sintonizar el crecimiento económico con el desarrollo social y acompasarlos con el ejercicio indispensable de nuestra soberanía para colocar a la Argentina en la senda de la integración regional necesaria, en aras de conquistar el respeto a nuestra autodeterminación junto a los otros pueblos que la buscan, hastiados de las dominaciones imperialistas de un centro mundial que sólo responde a la avaricia y pone en peligro la supervivencia de la especie mientras envenena la convivencia.

La realización de un programa como el que esbozamos en este documento necesita una conducción coherente y probada. Una conducción que sólo puede recaer en Cristina Fernández de Kirchner, cuya candidatura presidencial promovemos y apoyamos, convencidos de que así fortalecemos las expectativas de construcción de una patria justa, libre y soberana, en “unidad programática”. Está visto: la unidad no es en sí misma una virtud para gobernar, aunque pudiera serlo para ganar elecciones. Sólo un Gobierno que actúe con respaldo mayoritario puede construir soberanía y justicia. No alcanza con crecer; hay que distribuir. Las tareas nacionales requieren apoyo popular. Las políticas populares necesitan el ejercicio de la dignidad nacional. La unidad debe realizarse en torno a un programa de liberación nacional y social.
Para que la Patria exista y venza, Cristina Presidenta.


ORGANIZACIÓN PERONISMO MILITANTE,  Mar del Plata, 12 de noviembre de 2022