por
Atilio Borón *
Incondicional peón del imperio, Alvaro Uribe se despide de la presidencia de Colombia con una nueva provocación: la denuncia de la existencia de campamentos de las FARC en territorio venezolano. Ni lerdo ni perezoso, el Departamento de Estado salió a respaldar sin reservas la acusación formulada por Bogotá en la OEA, alentado por la supuesta “contundencia” de las pruebas presentadas por Uribe que denuncian al gobierno de Hugo Chávez por permitir la instalación de campamentos de la FARC y la realización de diversos programas de entrenamiento militar de unos 1500 efectivos de la guerrilla en territorio venezolano. El vocero del Departamento de Estado, Philip Crowley, declaró con singular insolencia que “Venezuela ha mostrado una conducta desafortunada e insolente” con su vecino y amenazó que si ese país “no coopera, Estados Unidos y los demás países obviamente lo tomarán en cuenta.” En la misma línea se manifestó el subsecretario adjunto para América latina, Arturo Valenzuela, declarando que la denuncia hecha por Uribe era “muy seria.” Ambas declaraciones hablan elocuentemente sobre el talante moral de ambos funcionarios.
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Fueron los administradores imperiales quienes le pidieron a Uribe una última “prueba de amor” pocos días antes de abandonar la presidencia. Como es de público conocimiento, el prontuario que la DEA, la CIA y el FBI han venido construyendo sobre Uribe por sus íntimas y prolongadas vinculaciones con los narcos no le permite desobedecer ninguna orden originada en Washington, so pena de correr la misma suerte que el ex presidente panameño Manuel A. Noriega y terminar sus días en una cárcel de máxima seguridad de los Estados Unidos.
Miente Uribe porque, en primer lugar, si las FARC controlan cerca del 30 por ciento del territorio nacional (como el propio gobierno colombiano lo ha reconocido más de una vez) no se entiende qué sentido puede tener distraer nada menos que 1500 hombres del teatro de operaciones en Colombia y organizar 85 campamentos guerrilleros en Venezuela. Es en la propia Colombia donde la crisis y putrefacción del Estado oligárquico permite que amplias franjas de su territorio, especialmente en las zonas selváticas, estén controladas por la guerrilla, los narcos y los paramilitares. Diversas autoridades ecuatorianas comentaron luego del ataque que las fuerzas colombianas realizaron en su territorio que Ecuador no limita al norte con Colombia sino con una tierra de nadie controlada por las organizaciones descriptas más arriba. Con una necedad sin límites Uribe acusa a sus vecinos de no hacer lo que él mismo ha dado sobradas muestras de ser incapaz de hacer: controlar su propio país. Cerrando los ojos ante esta realidad Estados Unidos se monta sobre esta falaz denuncia para, desde allí, acosar al gobierno bolivariano por su falta de colaboración en la lucha contra el narcotráfico, obviando el molesto hecho de que el mayor exportador mundial de cocaína –y, ahora, de narcotraficantes– es la Colombia militarizada por Uribe y devenida gracias a su invalorable colaboración en un protectorado norteamericano.
Ante semejante cuadro de descomposición política, denunciar que las FARC se instalan en Venezuela –¡y para colmo con el aval y la complicidad del gobierno de Hugo Chávez!– es una vulgar engañifa al servicio del imperio que carece por completo de entidad como para ser tomada mínimamente en serio.
En segundo lugar, ¿cómo olvidar que Uribe fue el hombre que mintió alevosamente cuando sus fuerzas, apoyadas por las de Estados Unidos, incursionaron en territorio ecuatoriano aduciendo que iban en persecución de una columna de las FARC. Las pruebas demostraron que los guerrilleros a los que supuestamente se perseguía luego de un enfrentamiento ocurrido en territorio colombiano estaban durmiendo –vestidos inclusive con pijamas– al momento de producirse el ataque y que, en consecuencia, lo que tuvo lugar en Santa Rosa de Sucumbíos no fue un combate sino lisa y llanamente una masacre indiscriminada.
Tercero, ¿cómo se le puede creer a un hombre que desde la presidencia convalidó la acción de los paramilitares y del terrorismo de Estado? El 16 de febrero de este año la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía colombiana publicó un informe en el que se revela que algo más de 4000 paramilitares de las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia, aseguraron haber perpetrado 30.470 asesinatos en el período comprendido desde mediados de los ochenta hasta su “desmovilización” en 2003-2006. Agréguese a esto que tan sólo en el año 2009 los paracos y las “fuerzas de seguridad” asesinaron a 40 sindicalistas, convirtiendo a Colombia en el país más peligroso del mundo para ese tipo de actividad.
Cuarto, el denunciante es nada menos que el responsable intelectual y político de la masacre serial conocida con el nombre de “falsos positivos”. Durante los tres últimos años de gobierno de Uribe se comprobó que –ante el acoso del gobierno para que mostrara resultados concretos en la lucha contra la guerrilla– el ejército diseñó y ejecutó un plan criminal: recorrer las comunidades y aldeas más pobres del país ofreciendo trabajo a la enorme masa de desocupados y reclutando a un elevado número de indigentes, campesinos indefensos y jóvenes marginados, que luego eran asesinados a sangre fría y a sus cadáveres se los hacía pasar como pertenecientes a guerrilleros ejecutados en combate para cobrar la recompensa establecida por el gobierno u obtener estímulos o ascensos en su carrera militar. Según estimaciones muy conservadoras estos crímenes de Estado superan los mil casos.
Como ocurrió con todos los terrorismos de Estado que asolaron la región, los crímenes de lesa humanidad cometidos tenían también un trasfondo económico. En el caso de la Colombia de Uribe, entre las corruptas fuerzas armadas, los paramilitares y el narco se repartieron millones de hectáreas que en su desesperado éxodo dejaban tras de sí los campesinos desplazados por los bombardeos y masacres indiscriminadas a que estaban sometidos. La cifra de los campesinos desplazados ascendería a 4.500.000 y sus tierras –por lo menos unos seis millones de hectáreas– fueron luego transferidas, con gran provecho para los encargados de desalojarlos, a los terratenientes y el agronegocio, auspiciantes y cofinanciadores del paramilitarismo.
Este es el hombre que hoy levanta su dedo acusador en contra de la revolución bolivariana. Es evidente que lo suyo es una maniobra más, dictada por los estrategas del imperio, para acosar al gobierno de Hugo Chávez y para legitimar la violenta militarización de la política exterior norteamericana. Por eso Washington insiste en desplegar su impresionante dispositivo militar: allí están las siete bases en Colombia; en Aruba y Curazao, a pocos kilómetros del litoral marítimo venezolano; en El Salvador y en Honduras y, ahora, la autorización para introducir nada menos que 7000 marines y toda clase de armamento en la vecina Costa Rica. Por eso también la Cuarta Flota. El gobierno de Uribe cumple así un servicio de extraordinaria importancia tratando de crear las condiciones que justifiquen la intervención militar norteamericana en América del Sur y, en lo inmediato, mantener viva la tensión entre Colombia y Venezuela luego del recambio presidencial y perjudicar las chances electorales de Chávez.
Preocupado por su futuro y agobiado por el espectro de Noriega pudriéndose en una cárcel gringa, Uribe se esmera hasta el último día de su mandato para mostrar su total sumisión a los dictados de los imperialistas. Por eso es importante desenmascarar y denunciar al denunciante, y exigir la pronta intervención de la Unasur para desbaratar los planes de Washington en nuestra América. Este no es un tema para la OEA, que además no supo manejar la provocación uribista, sino para la Unasur, que será puesta a prueba con este incidente.
*Politólogo.
