El dictador habló por primera vez en un juicio por delitos de lesa humanidad. Asumió la responsabilidad por los crímenes cometidos bajo sus órdenes y le negó al tribunal el derecho a juzgarlo. Sentado junto a Luciano Benjamín Menéndez y los otros veintinueve procesados por el asesinato de 31 presos políticos de la UP1 de Córdoba, Videla reivindicó el fuero militar, se escudó en los decretos de Isabel Perón y anticipó que no va a declarar.
Por Nora Veiras |
Con voz firme y tono menos castrense, Jorge Rafael Videla habló por primera vez en un tribunal de la democracia. “Asumo mi responsabilidad en la guerra interna librada contra el terrorismo subversivo, mis subordinados se limitaron a cumplir mis órdenes como comandante en jefe”, dijo el ex general que encabezó el último golpe militar de la Argentina.
Repitió que el Tribunal Oral de Córdoba “carece de competencia” para juzgarlo por crímenes de lesa humanidad, reivindicó como su “juez natural al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas” y anunció que no va a prestar declaración. A menos de un mes de cumplir 85 años y de doce años de prisión, Videla apareció con mejor semblante, inclusive, que cuando en plena dictadura declaró ante corresponsales extranjeros: “Los desaparecidos no están ni vivos ni muertos, están de-sa-pa-re-ci-dos”.
El jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, otro de los 31 acusados por las torturas y crímenes cometidos en la Unidad Penitenciaria 1 (UP1) de Córdoba también se hizo del micrófono. Con el mismo libreto que viene usando en los juicios en los que fue condenado ya en Tucumán y Córdoba, señaló que “los terroristas marxistas que, conducidos desde el extranjero, asaltaron la República porque no creían en nuestras instituciones democráticas, ahora aprovechan, se refugian y usan esas mismas instituciones democráticas para juzgar a quienes las defendimos”. Menéndez luego anticipó, al igual que su jefe máximo, que no va a declarar porque desconoce la Justicia civil.
Leer más / Ocultar
Sin culpa
El viernes pasado apenas se empezó a leer la acusación contra los responsables del asesinato de treinta y un presos políticos de la UP1, entre abril y octubre de 1976, Videla había querido hablar. El presidente del Tribunal Jaime Díaz Gavier lo interrumpió porque no era ése el momento reservado para escucharlo. Videla, quien se había mantenido en silencio durante el Juicio a las Juntas en 1985, tuvo la oportunidad de explayarse, pero lo hizo por pocos minutos. Recordó que “la Cámara Federal juzgó en mi caso todos los hechos (...) considero que los hechos constituyen cosa juzgada. Nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa”. Dijo que en agosto de 1984 declaró por primera vez ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y “siempre reconocí la autoría de las directivas que impartí en cumplimiento de la directiva 1 del Ministerio de Defensa y de los decretos firmados por el Poder Ejecutivo Nacional en pleno ejercicio de sus facultades constitucionales. Las directivas fueron calificadas de inobjetables por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas”.
Apenas asumió Raúl Alfonsín, el 10 de diciembre de 1983, dictó el decreto 158, por el cual estableció el juzgamiento de las tres primeras juntas militares a través del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. El 13 de febrero del ’84, ante las demoras y la falta de voluntad demostrada por el tribunal castrense, se sanciona la ley que reforma el Código de Justicia Militar y habilita a la Justicia civil a intervenir. El 11 de julio del ’84, la Cámara Federal le indica al Consejo Supremo que investigue si hubo violaciones a los derechos humanos. El 25 de septiembre es cuando el tribunal militar responde y califica como “inobjetables” “los decretos, directivas, órdenes de operaciones, etcétera, que concretaron el accionar militar contra la subversión terrorista”. El 4 de octubre, la Cámara Federal desplaza a los jueces castrenses y se hace cargo del histórico juicio. Videla es condenado a reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, destitución del grado militar. El ex presidente Carlos Saúl Menem lo indulta en 1990, ocho años más tarde vuelve a prisión por una causa de robo de bebés: pasa 38 días en la cárcel de Caseros y luego en prisión domiciliaria hasta que en 2008 lo recluyen en la cárcel dependiente del Servicio Penitenciario Federal en Campo de Mayo.
Videla, al igual que Menéndez, nunca reconoció la jurisdicción civil. Ayer, antes de advertir que no va a declarar se permitió una precisión sobre la acusación que pesa sobre él por el asesinato de treinta y un presos políticos. Dijo que “el viernes se hizo mención a que la policía de Córdoba quedó subordinada a partir del 24 de marzo del ’76 al Ejército cuando, en realidad, por decreto de 6 de octubre de 1975 firmado por el doctor (Italo) Luder se dispuso a partir de esa fecha que todos las policías quedaban bajo el control operacional de las Fuerzas Armadas”.
Ese es otro de los ejes argumentales de la defensa de los represores: que sólo se limitaron a cumplir con los decretos de “aniquilamiento de la subversión” dictados por Luder, como presidente provisional, durante el mandato de Isabel Martínez de Perón. El testimonio de Fermín Rivera es elocuente del cambio que significó el salto de la democracia a la dictadura para los detenidos en la UP1.
Los subordinados
Apenas terminó Videla, tomó la palabra Menéndez con su ya conocida contextualización sobre “el marxismo internacional” que inspiraba a “los subversivos contra la sociedad occidental y cristiana”. Esta vez no parafraseó –como en diciembre pasado en otro de los juicios que lo tiene como protagonista– al fugaz ministro de Educación porteño, Abel Posse, pero siguió fiel a ese libreto. Los problemas de sonido que incomodaron a Videla se repitieron con algunos de los 17 militares, 13 policías y el médico civil, pero no fueron obstáculo para que hablaran sin inhibiciones. A tal punto que hoy continuarán con sus arengas
Entre los que se hicieron escuchar estuvo el comisario mayor retirado Carlos Alfredo Yanicelli, alias Tucán, imputado por tormentos a 210 personas y seis homicidios. Yanicelli fue designado director de Inteligencia Criminal de la Policía de Córdoba por Oscar Aguad mientras se desempeñaba como ministro de Gobierno de Ramón Mestre. Aguad es ahora el presidente de la bancada radical en la Cámara de Diputados de la Nación.
El coronel retirado Osvaldo César Quiroga pidió un pie para el micrófono y se despachó durante una hora. Quiroga, al igual que gran parte de los otros oficiales reivindicaron que Videla haya asumido su responsabilidad como jefe y se limitó a marcar el cumplimiento de órdenes. Quiroga también participó de la represión en el campo de concentración de La Perla. El teniente coronel retirado Enrique Pedro Mones Ruiz intentó hacer gala de cierto histrionismo para criticar al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, y fue amonestado por el tribunal.
Cuando la tarde ya cedía a la noche, Francisco Pablo D’Aloia seguía hablando y fue el único que aceptó contestar preguntas. El fiscal, algunos defensores y hasta otros imputados recrearon entonces un diálogo inédito que continuará hoy. D’Aloia, acusado de haber participado en el traslado de los presos, el mecanismo para fraguar las supuestas fugas que justificaban los fusilamientos, pidió una pizarra para continuar hoy con su defensa. Frente a representantes de todos los organismos defensores de derechos humanos y de familiares de las víctimas, seguirán repitiendo sus argumentos en los que no asoma ni siquiera el arrepentimiento por las atrocidades cometidas. Un grupo de familiares de los acusados comparten el ámbito en el que por primera vez abrió la boca frente a jueces de la democracia el militar que más tiempo ejerció el poder de facto en la Argentina: Videla, durante cinco años.
Mones Ruiz y Duhalde
El represor Pedro Mones Ruiz, uno de los 31 acusados en el juicio a Jorge Videla y Luciano Menéndez, en Córdoba, tildó ayer de “terrorista” al actual secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde. Ocurrió durante las declaraciones voluntarias de los imputados, y al hacer mención al copamiento de La Tablada de 1989. Mones Ruiz dijo: “Eduardo Luis Duhalde, ese terrorista”, tras lo que fue reprendido de inmediato por el presidente del Tribunal, Jaime Díaz Gavier. “Ese señor”, se corrigió a continuación Mones Ruiz, para luego agregar que de todos modos para Duhalde “es un título honorífico” el calificativo empleado. Luego del incidente, el represor no habló más y el juicio pasó a cuarto intermedio para hoy. Algo similar había sucedido con la militante pro represión Cecilia Pando, que durante la primera audiencia del juicio en Corrientes le gritó a Duhalde el mismo calificativo, acompañado en esa ocasión por el gesto de degüello. Mones Ruiz había sostenido al comienzo de su indagatoria que en este proceso judicial se escucharían “testigos falsos con pruebas falsas”, producto del “odio como factor de lucha de aquellos que no se han apartado aún de las criminales enseñanzas del Che Guevara”.
“Es una cuenta pendiente”
Fermín Rivera, testigo en el juicio por la UP1
Ex preso político durante una década, Rivera hizo la denuncia que inició la causa hace ya 34 años. Relata la historia sobre la conformación de un verdadero campo de concentración y de exterminio.
Treinta y un presos políticos de la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba fueron fusilados por militares del III Cuerpo de Ejército entre abril y octubre de 1976, cuando la cárcel se transformó en campo de exterminio. Fermín Rivera escuchó en cautiverio la promesa del general Sasiaíñ de ejecutarlos “lentamente”, vio morir a varios compañeros y denunció los crímenes en plena dictadura. El viernes, con Videla y Menéndez en el banquillo, comenzó el juicio por el que peleó durante 34 años. “Relatar el asesinato de entrañables amigos es terrible, doloroso, pero es una cuenta pendiente con mis compañeros y con la historia”, dice. Ex preso político durante una década, Rivera repasa la historia de quienes encubrieron delitos de lesa humanidad, advierte que “vamos a luchar por verdad y justicia hasta que alcance a todos los responsables”.
–Empezó el juicio por los fusilamientos de sus compañeros y usted hizo la denuncia original.
–Hace 34 años que hice la primera denuncia y ha habido cantidad de frustraciones. La primera fue en la cárcel de Sierra Chica en octubre de 1976 con el juez de Bell Ville, Eudoro Vázquez Cuestas. Yo estaba hemipléjico. Le relaté las golpizas, el aislamiento, los fusilamientos, y respondió que no tenía jurisdicción pero que debía informar de mi denuncia a las autoridades militares. Era una amenaza velada. Seguí denunciando sin que nadie me escuchara hasta enero de 1983, cuando por una medida de fuerza de los presos me entrevistó un juez de Rawson y se empezó a instruir la causa. La Justicia llega después de 34 años.
–¿Cuándo cayó usted?
–El 27 de agosto de 1974, a la semana de la toma de la fábrica de explosivos de Villa María. Andaba recogiendo las armas después de la retirada y me detuvo la Policía Federal. En La Carlota me torturaron 24 horas para sacarme información de dónde iba a llevar las armas. Me siguen torturando en Río Cuarto y me llevan a la cárcel. Ahí empiezo a recuperarme de las lesiones, aunque todavía tengo secuelas. Un juez me dicta la preventiva y a fines de 1974 llego a la penitenciaría de Córdoba.
–¿Cómo era el trato?
–La relación con las autoridades penitenciarias era muy buena. Eramos doce presos políticos. Recibíamos tres visitas por semana, 18 horas en total, más una visita privada. Podíamos trabajar, hacíamos artesanías que nos permitían autogestionarnos, nos daban comida para cocinar, estudiábamos, teníamos radio y televisión. Puede decirse que se respetaban los derechos humanos, al menos de los presos políticos.
–¿El cambio fue después del golpe?
–En diciembre de 1975. Ahí requisa la Policía Federal y nos secuestran todo: cuadernos, libros, lápices, radios. Sólo permiten una visita semanal cortita. Y el 24 de marzo la cárcel se convierte en un campo de concentración y exterminio: nos aíslan, cierran puertas y ventanas, nos dejan con lo puesto. Fueron seis meses sin bañarnos, sin afeitarnos, haciendo las necesidades en celdas colectivas, diecisiete en la mía. Tuvimos que abrir un hueco en la pared para tirar el orín y las heces al patio. A los que sobrevivimos nos trasladaron a Sierra Chica el 30 de septiembre. En mi caso con hemiplejia por los golpes.
–¿Golpes a cargo de militares?
–Sí, a partir del 24 de marzo hay golpizas cotidianas. El general (Juan Bautista) Sasiaíñ nos dijo: “Están todos condenados a muerte, pero no se hagan ilusiones: van a morir lentamente, de uno en uno”. Se fue y empezaron a golpearnos, todos los días, hasta dejarnos sin conocimiento, ensangrentados, sin enfermería ni nada. Cuando llegamos a Sierra Chica los guardias vomitaban del olor que teníamos. Tuvieron que darnos hasta calzoncillos y medias porque la ropa que llevábamos, hilos de frazada cosidos con agujas de hueso, no servía para nada.
–¿Qué fue de los guardiacárceles?
–Los militares tomaron la cárcel y se hicieron cargo de los presos especiales. Los guardiacárceles sólo abrían los candados. La relación previa con ellos y con los presos comunes permitió que todo se conociera en el exterior de la cárcel a medida que sucedía. La primera consigna que nos propusimos a partir del golpe fue sobrevivir. La segunda, hacer conocer lo que pasara, se consiguió por la solidaridad de guardias y presos comunes. Durante seis meses pudimos sacar todos los días relatos pormenorizados escritos en papel higiénico. Nuestras familias no podían recurrir a diarios y canales, pero lo mandaban al exterior, donde se armó un movimiento de solidaridad que derivó en visitas de Amnesty, la Cruz Roja y otras organizaciones. Eso fue vital para sobrevivir.
–¿Cómo fue enterarse de que los sacaban para fusilarlos?
–A partir de la visita de Sasiaíñ nos preparamos para lo peor, aunque quedaba la secreta esperanza de que algo extramuros nos salvara. Cuando sacaron al primer grupo de compañeros dijeron “despídanse porque no vuelven”. Al otro día nos enteramos de que habían sido fusilados y supimos que de un momento a otro nos tocaba. La de San Martín es una cárcel enorme, con bullicio permanente, pero cuando sentíamos las pisadas de los militares se producía un silencio aterrador. Sacaban a uno u otro, en el pasillo le ponían capucha, mordaza, y se preocupaban por decir “salen para no volver”. La intención era recordarnos que nos iban a matar, a tal punto que a uno de los hermanos De Breuil lo hicieron ver el fusilamiento de su hermano y lo devolvieron a la cárcel para que lo contara.
–¿Los llevaban a otros campos de concentración?
–En general, no. Lo que hicieron hasta 1982, cada vez que alguien del Ejecutivo visitaba el Tercer Cuerpo, fue seleccionar a unos treinta presos de distintas cárceles y llevarnos a La Perla o a La Rivera como rehenes, por si había un atentado. Tenían una tabla de conversión: si moría un oficial superior nos mataban a todos; si era oficial jefe, a veinte; subalterno, a quince; suboficial, a diez; y si era soldado, a cinco.
–¿Cuántos presos políticos hubo en la UP1?
–Al momento del golpe éramos ciento veinte en dos pabellones. Para fin de septiembre había otros dos pabellones repletos, unos doscientos más. La política de exterminio estaba dirigida a los presos anteriores al golpe, tenían la certeza de que habíamos participado en hechos armados.
–¿Recuerda cuántas veces declaró en 34 años?
–Muchísimas, recuerdo las más importantes. La primera, ante el juez penal de Olavarría después de llegar a Sierra Chica. Lo único que le interesó fue que las lesiones eran previas al traslado, del resto no escribió nada. Después Vázquez Cuesta, otro juez en Caseros, el de Rawson que inició el sumario y, ya en libertad, ante el juez federal de Córdoba. Cuando se empezó a instruir la causa aparecieron las leyes de punto final y obediencia debida. Muchos de los que se insurreccionaron con (Ernesto “Nabo”) Barreiro están ahora como imputados.
–¿Qué sintió al ver ante un tribunal a los asesinos de sus compañeros?
–No se puede describir la sensación. A todos los compañeros que mataron los conocí profundamente y cada denuncia fue para que no quedaran impunes. Sentí como que descargaba un peso enorme, un gran alivio, aunque la felicidad nunca es completa. Sabemos –y ellos saben– que no fueron los únicos (ejecutores) sino los más notorios.
–¿Tendrá un significado especial declarar frente a Videla?
–Si fuera por mí trataría de evitar declarar porque cada vez que uno habla de estas cosas reabre heridas. Relatar el asesinato de entrañables amigos es terrible, doloroso, pero es una cuenta pendiente con mis compañeros y con la historia. Si sobrevivimos fue para esto, para que no se repita esta barbarie y esta locura genocida.
Página|12
