Los diferentes fondos públicos con que cuenta el culto católico para su funcionamiento en el país superan los 2.500 millones de pesos anuales.
Tras la sanción de la ley de matrimonio igualitario, durísimo golpe contra la presunta autoridad espiritual de la Iglesia sobre los asuntos terrenales de los argentinos, el tema del dinero invertido por el Estado en el sostenimiento del culto católico y/o en su inmenso sistema de colegios confesionales es una discusión que aguarda algún escenario mediato.
Con dos mil años de comunicación y propaganda a cuestas las autoridades eclesiásticas tienen perfecta conciencia del asunto. De hecho se vienen anticipando al debate con cálculos como el que todavía hoy pueden leerse en la web del Plan Compartir de la Conferencia Episcopal Argentina, en la que se asegura que en 2007 el Estado dedicaba “una partida de sólo 17.323.913 pesos” para el sostenimiento de la Iglesia, lo cual apenas “representa el 0,014% del total del Presupuesto Nacional”. Así como los documentos de trabajo eclesiales llegaron a sostener más o menos que los homosexuales son proclives a convertirse en hombres lobo, el número es un recorte falaz. En 2010, el dinero derivado al sostenimiento de la Iglesia se incrementó a 35.868.353 pesos. Pero esa cifra es ínfima si se toman en cuenta el dinero estatal que van a las escuelas confesionales, hasta redondear un monto estimable en bastante más de 2.500 millones de pesos anuales.
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Consultado por Miradas al Sur , Guillermo Olivieri, titular de la Secretaría de Culto de la Nación –organismo responsable de pagar el sueldo de los religiosos– informa que la partida que recibe esa cartera del Presupuesto nacional asciende a 32 millones de pesos anuales.
Desde el sitio oficial de esta Secretaría, se informa que se asignan “por medio de sus diócesis y otros organismos, en concepto de sostenimiento del culto que incluye la colaboración económica para visitas ad limina , sínodos, conferencias regionales y viajes en cumplimiento de acciones pastorales”. También se destinan a una red de “437 institutos de vida consagrada inscriptos, que actúan a través de 4.500 casas y obras apostólicas existentes en todo el país”.
En el desagregado sobre el destino de esos fondos se hace mención a “Asistencia Financiera/Culto Católico”, dinero que va a 122 arzobispos y obispos, 1.600 seminaristas y 640 sacerdotes. El sueldo de un arzobispo, actualmente es de 8.200 pesos. Sin embargo, Olivieri precisa que “debería ascender a 13.000 pesos”, por ser el equivalente al 70 por ciento de un juez nacional de primera instancia. Sin embargo, los purpurados, amén de sus discursos en torno de la equidad y los pobres, no pagan impuestos, no tienen cargas sociales, no aportan a Ganancias ni a la jubilación.
Jorge Horacio Gentile, un ex diputado demócrata cristiano y docente de las universidades Nacional y Católica de Córdoba, explica que los dineros del Estado van también a parroquias de frontera o zonas desfavorables, a jubilaciones graciables para sacerdotes (las pueden cobrar Antonio Basseotto, Christian Von Vernich o Juan Carlos Maccarone, el obispo echado de Santiago del Estero presuntamente por sostener relaciones non sanctas para la Iglesia), o a pasajes para obispos, sacerdotes y agentes pastorales. En cuanto a los curas de parroquias, el secretario de Culto de la Nación aclara que no cobran, excepto los de frontera.
Lo poderosamente llamativo es que la asignación de estas partidas deviene de tiempos en los que reinaba la paz social, primaban el diálogo y el consenso. Todas y cada una de las normas relacionadas con los sueldos clericales nacieron de “acuerdos con la Santa Sede” y de leyes surgidas en tiempos dictatoriales: de la Revolución Libertadora al Onganiato y, de allí, al Proceso. Sólo durante la última dictadura fue que se sancionó la Ley 21.540 en 1977 –que fija las asignaciones mensuales vitalicias a arzobispos, obispos y auxiliares eméritos–, además de otras… ¡Siete! leyes que ampliaron el número de curas e instituciones confesionales beneficiadas.
Pero más allá del andamiaje legal que supo conseguir, la jerarquía eclesiástica cita como argumento de base para justificar los fondos que eroga el Estado para solventar su funcionamiento en el artículo 2º de la Constitución Nacional: “El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”.
Recursos pesados. Como se dijo más arriba, lo abrumadoramente sustancial de lo que el Estado invierte en el sostenimiento de la Iglesia no pasa por los casi 36 millones derivados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (35 millones de pesos fue la primera partida que destinó el Gobierno Nacional en 2009 para financiar un programa de protección de los bosques nativos en las provincias; igual suma invirtió el gobierno de Santa Fe para repavimentar un tramo de la Ruta 4 y construir un nuevo puente sobre el Salado), sino por los miles de millones que van a escuelas confesionales. Desde que en los ’90 se descentralizaron (mal) los recursos, el Ministerio de Educación de la Nación no destina recursos con eventuales destinos a “privada o pública”. Los fondos van a las provincias y éstas deciden su distribución. Hoy, el presupuesto total del Ministerio de Educación es de $17.514 millones (20 mil millones si se incluyen otros programas de gobierno que involucran a las FF.AA. o la construcción de escuelas). A esto se suma la cifra que este año invertirán las provincias: 64 mil millones, de los cuales cerca del 10 por ciento son transferencias a la educación privada.
Cuánto de ese sector de la educación privada representa a las confesionales es un rompecabezas complejo de armar. Pero hay pistas evidentes que permiten rehacer un mapa cercano al real. De acuerdo al relevamiento oficial de 2008, en todo el país existen 9.114 establecimientos escolares privados de los niveles inicial, primario y secundario. De ese total, 3.638 son confesionales, 3.220 no lo son y queda un número de 2.256 establecimientos “sin información”. Si se aplicara una proyección prudente acerca de cuánto de ese 11 por ciento de los 53 mil millones transferidos a la educación privada va a las confesionales, la cifra superaría largamente los 2.000 millones de pesos anuales destinados a colegios religiosos, fundamentalmente para pagar salarios. A ese número hay que añadir un 15 por ciento de lo que el Estado destina a través del Fondo de Incentivo Docente y Compensación salarial –cuyo total es de 3.000 millones de pesos–, que implican 450 millones más.
Como en tantas áreas, ni desde el Estado ni desde la investigación académica abundan cifras definitivas, ciertas y precisas sobre este tema que tradicionalmente incomoda a los funcionarios, incluso a los más progresistas. Hace un par de años Horacio Verbitsky publicó una investigación en la que decía que “la aproximación más confiable indica que el sistema privado consume el 13,5 por ciento de todos los recursos estatales para educación, que en 2006 ascendieron a 24.500 millones de pesos, y la confesional más de la mitad de ese monto, el 7,5 por ciento del total, es decir 1.837 millones de pesos”.
No sólo en términos nominales o por el crecimiento de la inversión educativa a escala nacional, parecería que la cifra actualizada es bastante mayor, hasta superar los 2.500 millones. Más pistas para intentar armar el rompecabezas son las que pueden tomarse de dos distritos tan importantes como el de la provincia de Buenos Aires y el de la Capital (ver subnota en estas páginas). En la Provincia existen poco más de 5.000 escuelas privadas, de las que 1.452 son confesionales y, de nuevo, 1.954 aparecen como “sin información”. Por lo menos hacia el 2008, más de 2.600 escuelas recibían el 100 por ciento del subsidio para pagar salarios docentes, 1.315 recibían el 80, y otras 868 entre el 20 y el 80 por ciento. Estos últimos datos son de una investigación de la periodista Nora Veiras, especializada en el tema educativo. En la gran mayoría de los casos se trataba de escuelas confesionales.
Hasta aquí no entran a tallar los inmensos dineros privados asociados a la Iglesia ya sea por colectas, en depósitos bancarios, asociaciones de empresarios cristianos o complejos sojeros, para lo cual el lector deberá ir a otras páginas de esta edición. Aún así, los números reseñados demuestran lo forzado del argumento de la Conferencia Episcopal Argentina allí donde se dice que “el aporte del Estado a la Iglesia representa el 0,014 % del total del Presupuesto Nacional”. O cuando asegura que “concretamente, el aporte del Estado representa menos del 7% de los ingresos que tiene la Iglesia argentina”, sin mencionar de dónde proviene el 93% restante de una cifra total de ingresos no citada.
El pecado Rivadavia. Los defensores del sostenimiento del culto católico con recursos estatales suelen retroceder casi 200 años de historia argentina para fundamentar el por qué de ese gasto. En palabras del ex diputado Gentile lo que “aparenta ser un privilegio tiene una razón histórica en la cuantiosa confiscación de bienes que hizo el Estado a la Iglesia y a las ordenes religiosas” durante los gobiernos de Martín Rodríguez y Bernardino Rivadavia, hacia 1822.
Dos siglos después, tres países cercanos de la católica América latina (Brasil, Uruguay, Chile) no sostienen ningún culto. El gobierno de España firmó un acuerdo con la Conferencia Episcopal Española a través del cual se acabó con la donación directa del Estado y se subieron los aportes voluntarios del impuesto a las rentas, algo que también se practica en Alemania. Difícilmente pueda decirse que la Argentina es un país más católico que Chile o España.
Y si se trata del respeto a una identidad religiosa, habrá que tomar las principales conclusiones de la Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas realizada, entre otros por Fortunato Malimacci y Juan Cruz Esquivel en 2008 desde el Conicet. “Los datos destacan el pluralismo y la diversidad presente en el campo religioso, junto con la preservación de una cultura cristiana”, decía una de las conclusiones centrales de esa encuesta. Lejos de la cifra tirada al bulto de un 85 a 90 por ciento de católicos practicantes que suele manejar la Iglesia, el estudio hablaba de un 76,5 por ciento de la población que se define como católica. Pero de ese porcentaje casi dos tercios, el 61,1 por ciento, “se relaciona con Dios por su cuenta” y no a través de la institución eclesial.
Siempre según la encuesta, en la Argentina existe un 9 por ciento de personas que se declaran evangélicas, mientras que el 11.3 manifiesta ser ateo, agnóstico, o no tener ninguna religión. El 23,3 por ciento no se casó o piensa hacerlo por iglesia. El 76 afirma concurrir “poco o nunca” a los lugares de culto. Según Malimacci y sus colaboradores, se está “frente a complejos procesos de desinstitucionalización religiosa y de individuación de las creencias”.
¿Y el pago de los salarios para los obispos y curas? Según el trabajo, sólo es aceptado por el 27 por ciento de los entrevistados.
Ayuda social. El cálculo realizado en esta nota de los recursos estatales de los que dispone la IglesIa, no incluyen los aportes de Desarrollo Social, que recibe Cáritas. Sin embargo, no se puede desconocer el importante trabajo social que desarrollan curas y religiosos con los sectores más vulnerables. En este punto, según el estudio mencionado anteriormente, la contribución financiera del Estado a esta tarea tiene un amplio grado de aceptación en la población, que llega al 75 por ciento.
