Por Gabriel Bencivengo
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Adalberto Krieguer Vassena, Jorge Zorreguieta, Juan Alemann y José Alfredo Martínez de Hoz.
Acantonados en instituciones de oscuro pasado alegan “inseguridad jurídica” y piden una “generosa amnistía”. Pasado y presente de los ideólogos de la represión.
A diferencia de los militares que les sirvieron de ariete, los mentores ideológicos del neoliberalismo local nunca rindieron cuentas ante la Justicia. El legado que dejaron –sangriento como el de los propios uniformados– quedó impune y se traduce todavía hoy en términos de pobreza, desocupación y deuda externa. Pero también en delitos de lesa humanidad, como el secuestro del empresario Federico Gutheim y su hijo, Miguel Ernesto, un hecho que tiene en José Alfredo Martínez su cara más visible, pero que hunde sus raíces en un proceso que comenzó antes.
Vinculados con los sectores trasnacionalizados de la economía, tras el golpe militar de junio del ’66 dieron el primer zarpazo. Agazapados en la Acción Coordinadora de las Instituciones Empresarias Libres (Aciel), en la Unión Industrial Argentina (SRA) y en la Sociedad Rural Argentina (UIA) saludaron la llegada de Juan Carlos Onganía, tomaron por asalto el poder y desembarcaron de la mano de Adalbert Krieger Vasena en el Ministerio de Economía. Años después, desde la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (Apege) impulsaron el paro empresario del 16 de febrero del ’76, prolegómeno del golpe del 24 de marzo.
Sus cuadros se esparcieron rápidamente por el Estado. Martínez de Hoz y Jaime Peirraux –que había sido ministro de Justicia de Roberto Levigstone– diseñaron el plan y repartieron los de poder. Guillermo Walter Klein (h) –mano derecha de Martínez de Hoz– asumió al frente de la Secretaría de Programación Económica, un puesto que su padre había ocupado en dos ocasiones y que alternó con sus trabajos para la cerealera Dreyfus y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Juan Ernesto Alemann, hermano de Roberto –futuro ministro de Economía de Roberto Viola– quedó a cargo de la Secretaría de Comercio Exterior.
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La representación de lo más concentrado de la oligarquía agropecuaria quedó a cargo de Mario Cadenas Madariaga y Jorge Zorreguieta, otros dos integrantes del grupo Perriaux. Ambos entrerrianos y vocales de las ultraliberales Aciel y Apege. Cadenas Madariaga se hizo cargo de las Secretaría de Agricultura y Ganadería, hasta que Zorreguieta lo reemplazó al frente del organismo en abril del ’79. El día de jura, mientras en las calles arreciaban el secuestro y la tortura, Zorreguieta puso en claro el papel que jugó la Sociedad Rural Argentina. “En el momento de la prueba –afirmó–, el campo fue el primero en ponerse en pie y decirle sí a la convocatoria del Proceso de Reorganización Nacional.”
Actores de reparto. Otros actores clave son menos conocidos. Uno de ellos es Christian Zimmermann, un economista que –tras casarse con Inés Pereyra Iraola– pasó por el Banco Galicia e integró el grupo que lideraron Martínez de Hoz y Perriaux. Sus servicios fueron recompensados con la vicepresidencia del Bcra, cargo que ocupó durante la gestión de Adolfo Diz. Otro caso emblemático lo constituye Juan Alfredo Etchebarne, un íntimo amigo de Martínez de Hoz, quien lo ubicó al frente de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Juntos operaron para saciar la codicia propia y la sus protectores.
El caso quedó al descubierto con el regreso de la democracia, cuando un grupo de abogados y ex directivos del liquidado Banco de Hurlingham y de Industrias Siderurgias Grassi declaró ante la Cámara Federal de Apelaciones durante el juicio de los ex comandantes. Los hechos comenzaron en agosto del ’78, poco después de que la CNV –por orden de Etchebarne– demandara a los directivos de ambas sociedades. Unos días más tarde, varios de ellos fueron secuestrados.
La causa, radicada en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas, quedó reactivada el año pasado por pedido de Abuelas de Plaza de Mayo. Entre los imputados se encuentran el ex coronel Roberto Roualdes –quien habría ordenado los secuestros– y los ex tenientes coroneles Francisco Obdulio D’Alessandri y Raúl Gattica, además del ex comandante de Gendarmería Víctor Rei, quien se desempeñó como oficial de Inteligencia. Los secuestros, según se desprende de los hechos, ocurrieron después de que la Junta Militar difundiera la supuesta vinculación de Montoneros con el Grupo Graiver, dueño hasta fines del ’76 del paquete accionario del Banco de Hurlingham.
La versión, abordada por los diarios de la época, señalaba que la entidad había recibido 17 millones de dólares que la organización había cobrado por el rescate de los hermanos Juan y Jorge Born, y que lo sucesores de Graiver habían venido el banco al Grupo Chavanne, que a su vez cedió el paquete accionario a Siderúrgica Grassi. Luis Grassi, presidente de la firma, declaró ante los camaristas federales que Zimmermann y Etchebarne quisieron apoderarse del banco y que intentaron provocar la quiebra de la siderúrgica con el objetivo de beneficiar a Acindar, una de las tantas firmas que Martínez de Hoz había presidido antes de llegar al Ministerio de Economía.
Grassi, sin embargo, no fue la única víctima de la codicia uniformada y su brazo civil. Juan Claudio Chavanne –titular del Grupo Chavanne– también cayó secuestrado. En su caso por un grupo de tareas al mando de Raúl Guglielminetti. Al igual que el resto de las víctimas, fue trasladado a un centro clandestino ubicado en Campo de Mayo, ámbito donde reinaban Videla y el entonces ministro del Interior, Albano Harguindeguy; ambos investigados –al igual que Martínez de Hoz– por al secuestro de los Gutheim.
Los reciclados. Si Etchebarne y Zimmermann no consiguieron reciclarse, otros sí pudieron. Algunos, incluso, apuntalando al menemismo y travestidos en demócratas, reforzaron la densa trama de vasos comunicantes que urdieron desde mediados de los sesenta. Los más eficientes diseñaron el andamiaje técnico que dio lugar a las privatizaciones de Roberto Dromi y Rodolfo Barra. Los menos presentables, como José Alfredo Martínez de Hoz (h) y Mariano Grondona (h), prefirieron el bajo perfil y se ubicaron del otro lado del mostrador. Hoy, representan a empresas como American Energy, Mobil Argentina y RGA Reinsurance; o a grupos como Enersis y Wintershall, firmas que presentaron demandas ante el Ciadi luego de la salvaje transferencia de pasivos privados al conjunto de la sociedad que gestionó Eduardo Duhalde.
No menos paradigmático es el caso del abogado Roberto Durrieu, subsecretario de Justicia entre 1978 y 1981. Amigo de Alberto Rodríguez Varela –y al igual que este un connonato defensor de Videla– fundó el buffet que en la actualidad funciona frente a la Plaza San Martín y dirige su hijo. De activa participación en la American Chamber of Commerce, en el Club de Abogados de Empresas y en el Comité de Abogados de Bancos de la República Argentina, en su más reciente foja de servicios se destaca un encendido pedido de mano dura en pos de la criminalización de las protestas sociales.
Obviamente, Durrieu no está solo en la cruzada. Comunidad ideológica y afinidad de intereses mediante, otros colegas lo acompañan. Héctor Mairal –socio de Marval, O'Farrel & Mairal– es otro destacado del ambiente. Fundador con Guillermo Walter Klein del estudio Mairal & Klein, tuvo una influyente actuación hasta que, terminado los años de plomo, la comisión legislativa que investigó la estatización de la Italo lo obligó a disolver la sociedad. Similar trayectoria exhibe Horacio Tomás Liendo (h). En su caso, bajo el auspicio de su padre –ministro del Interior de Viola– acompañó a Domingo Cavallo al Bcra en la última etapa de la dictadura y lo secundó desde la Secretaría Legal y Técnica cuando el mediterráneo llegó al Ministerio de Economía.
Canteras de la dictadura. Reconvertida como una institución sin fines de lucro, el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) nació bajo el influjo de Jaime Lamont Smart, uno de los más tenebrosos ideólogos de la represión. Ministro de Justicia en la provincia de Buenos Aires durante la dictadura, Lamont Smart impulsó la creación del Fores poco después de marzo del ’76 con la clara intención de proveer de cuadros técnicos a la dictadura. Hoy, entre sus socios figura Juan Carlos Cassagne, el abogado que eligió Martín Redrado para atrincherarse –barricada judicial mediante– en la presidencia del Bcra.
Entre sus miembros los socios Marval, O'Farrel y Mairal, Martínez de Hoz (h) y el Estudio Becar Varela. Entre sus miembros también figura Alberto Solanet, hermano de Manuel, el ex secretario de Leopoldo Fortunato Galtieri. Compañero de tertulias de Cecilia Pando y fundador de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, Solanet no dudó en febrero pasado –desde las páginas de La Nación– en definir como una “guerra” la represión ilegal y pedir “una generosa ley de amnistía”. Un objetivo que persiguen también muchos de los integrantes del oscuro Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, otra entidad con fuerte poder de lobby sobre la instituciones democráticas.
La idea, en definitiva, es congruente con la trayectoria que exhiben quienes violaron el estado de derecho, procuraron dotar de sustento ideológico a las dictaduras militares y saquearon al país.
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