por Horacio Verbitsky
Antes y después del furioso chaparrón verbal en la cancha de Huracán, Hugo Moyano y el gobierno nacional intercambiaron mensajes conciliatorios. Los recaderos fueron Facundo Moyano y el abogado de la CGT, Héctor Recalde, ambos diputados nacionales electos en las listas del Frente para la Victoria. Sin embargo, el curso de colisión no se detiene. Moyano se expone a un desgaste que comienza por sus propias filas, donde nadie muestra entusiasmo por dejarse arrastrar a una lucha sin destino.
Su indiscutible eficiencia y representatividad como dirigente gremial desaparece cuando se aventura en el terreno de la política, donde priman otras reglas y condiciones. Fuera de las aguas sindicales puede mostrar los dientes pero se mueve con la destreza de un cachalote.
El riesgo para el gobierno es debilitarse en las batallas pendientes con los sectores económicos más concentrados, que hoy parecen resignarse a su derrota pero atisban la menor debilidad para contragolpear.
Moyano exhibe cada vez que puede sus títulos en la lucha contra el neoliberalismo, cuando su MTA compartió con la CTA de Víctor De Gennaro y Germán Abdala la resistencia al desguace del Estado, la desregulación, la apertura y las privatizaciones, que en cambio apoyaban la CGT de Gerardo Martínez, José Lingieri, Armando Cavalieri, Carlos West, Oscar Lescano, Luis Barrionuevo y Andrés Rodríguez.
Nadie le retacea esos méritos, pero si no admite que la conducción política que hoy alza esas banderas es la de CFK, corre el riesgo de sufrir la misma desubicación que De Gennaro ante el kirchnerismo y, en especial, frente a Cristina.
El ex jefe de la CTA y hoy diputado por la izquierda liberal llegó incluso a alinearse en el mismo bando de la Sociedad Rural, contra un impuesto progresivo del primer gobierno que enfrentó a la oligarquía diversificada, desindustrializadora, desocupadora y reprimarizadora.
Dónde están los imberbes
Moyano se sentía en el palco de Huracán como Juan D. Perón expulsando de la plaza a los imberbes, a quienes ahora llama chicos bien, sin advertir las diferencias fundamentales entre ambas épocas y sus respectivos protagonistas.
Si de intentar parangones se trata, esta vez el imberbe es él, que intenta disputarle el poder a Cristina, como los Montoneros en 1973 a Perón. O, para no sumirlo en la perplejidad, su situación evoca la de Cipriano Reyes cuando se negó a disolver en el naciente peronismo su Partido Laborista, que había cumplido un rol decisivo en el 17 de octubre de 1945.
Al margen de las valoraciones ideológicas o incluso éticas que puedan sostenerse sobre esas experiencias, de una de las cuales fui parte, el dato político insoslayable es que ambas fracasaron sin atenuantes. Reyes terminó en la cárcel, acusado de un inverosímil complot para asesinar al líder y a su esposa, en combinación con tres sacerdotes, varios jefes militares, políticos nacionalistas y un funcionario de la embajada de los Estados Unidos, mientras el peronismo se consolidaba.
Distinto fue el segundo caso, porque Perón ya era un anciano moribundo y Montoneros poseía una fuerza mayor y distinta a la del laborismo. En este caso el daño fue recíproco y favoreció la irrupción castrense que enlutó al país.
Sólo el tiempo dirá a cuál de ambas circunstancias se asemeja más la actual. Héctor Recalde, quien acompaña a Moyano desde hace muchos años, habló con el líder de la CGT antes del acto en Huracán y le expuso su concepción sobre este momento político y la ubicación del sindicalismo. Insistió en la idea de la alianza estratégica entre el gobierno y el movimiento obrero, pero con roles diferentes. Moyano se declaró de acuerdo y le dijo que se quedara tranquilo, que la sangre no llegaría al río.
Recalde transmitió el mensaje a través de su hijo Mariano, miembro destacado de la agrupación Cámpora, creada por Máximo Kirchner. Por la misma vía, recorrida en sentido inverso, llegó la respuesta presidencial: el gobierno no alberga intenciones de marginar o acorralar a Moyano.
Convaleciente de una compleja cirugía intestinal, que incluyó una recaída por infección intrahospitalaria, Recalde no asistió a Huracán. Al conocer su contenido, y sobre todo el tono amenazante con que fue pronunciado, no podía salir de su asombro. Un funcionario del gobierno de acceso diario al despacho presidencial se refirió con sorna a la frase de Moyano: “Lo que pasa es que él cree que el río está más lejos”.
Estatuto del peón
Luego del discurso, Recalde no volvió a aparecer en público. Se había comprometido a convocar y constituir la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, que preside, para que pudiera dictaminar a favor del proyecto oficial de Estatuto del Peón, aunque él no lo firmaría.
Frente a la ruidosa oposición del sindicalista de los peones y estibadores rurales, Gerónimo Venegas, quien teme el vaciamiento de su UATRE y la desaparición de la caja que maneja en el RENATRE junto con las patronales agropecuarias, Recalde ideó sumar al proyecto una cláusula similar a la que acompañó las leyes privatizadoras del menemismo: que en ningún caso se alterarían los encuadres sindicales preexistentes. Pero la CGT no lo aceptó. Pese a ello, Recalde cumplió con lo prometido. Pero cuando se publicó que junto con Facundo Moyano y Omar Plaini no habían firmado el dictamen, recibió una solicitud de renuncia a la presidencia de la Comisión.
Luego quedó claro que no provenía del Poder Ejecutivo, que le ratificó su confianza. La ley que obtuvo media sanción por una mayoría mucho más amplia que la del bloque oficialista, estaba en el Congreso desde junio de 2010, en reemplazo del régimen nacional de trabajo agrario decretado por el dictador Jorge Videla en 1980, que estableció que la duración de la jornada se ajustaría a los usos y costumbres de cada región o a la naturaleza de la explotación y omitió la situación de los trabajadores no permanentes.
En los fundamentos del proyecto, la presidente y el ministro de Trabajo Carlos Tomada sostienen que más de dos tercios de los trabajadores del sector son no permanentes y “se encuentran desprovistos de los más elementales derechos ya no sólo laborales sino humanos”.
En ese sector, agregan, “coexisten bolsones de atavismo con otros que se encuentran en permanente innovación y modernización” y proponen “contribuir al desarrollo del sector en el marco de un proyecto de país más equitativo y solidario”.
La reforma, que durante un año y medio no interesó al Grupo Ahhh..., establece tres tipos de contratación rural: permanente de prestación continua (quienes trabajan de lunes a viernes), temporario (quienes trabajan por períodos estacionales) y permanente discontinuo (quienes trabajan de forma eventual).
La nueva ley reemplazará al Renatre en el registro de las empresas y los trabajadores. El Estado asumirá esa responsabilidad y los sindicalistas y los patrones integrarán un consejo asesor.
Perderán la función que durante una década ejercieron tan mal, dado que la informalidad en el sector sigue superando el 60 por ciento en promedio nacional y el 80 por ciento en algunas jurisdicciones y cultivos regionales, por no hablar del trabajo infantil y esclavo detectado por diversas inspecciones en los últimos años. La nueva ley instituye un nuevo sistema integral de protección por desempleo, que incorpora el pago de asignaciones familiares, las prestaciones médicoasistenciales y los fines previsionales y un seguro obligatorio por servicios de sepelio.
Bálsamo
Quien después del acto trató de echar bálsamo sobre las heridas fue Facundo Moyano: minimizó las diferencias, reconoció el liderazgo de Cristina y centró su análisis en los reclamos de la CGT.
Varios son razonables y se basan en una correcta lectura de la situación económica, como su afirmación de que la crisis no deben pagarla los trabajadores sino los grandes empresarios y banqueros o que en las paritarias no aceptarán techos. La propia presidente, en su discurso de asunción del segundo mandato se refirió al clivaje entre la productividad y el salario. El salario real, dijo, “es prácticamente una línea horizontal, que no se mueve, y la productividad de las empresas, esto es el PBI dividido por cada uno de los trabajadores, es casi vertical”. Esa distancia explica tanto las superganancias de las empresas líderes como los reclamos sindicales de aumentos salariales que acorten ese recorrido.
El problema empieza con los cuestionamientos políticos de Moyano, su pretensión de atribuirse al menos la mitad de los votos obtenidos por Cristina en octubre; la proximidad que permitió en el palco a Ricardo Cirielli y Jorge Pérez Tamayo, los sindicalistas de Aerolíneas Argentinas a quienes ella había acusado de extorsionadores; su renuncia con una cita clásica de Eva Perón a todo cargo en el Partido Justicialista, porque dijo que era una cáscara vacía de peronismo; su reivindicación de Perón oponiéndolo a Cristina, en contradicción con todo lo que vino diciendo hasta ahora; su frase desdeñosa sobre la nueva militancia juvenil; su denuncia de una conjura contra los sindicatos por parte del gobierno; la oposición que intentó entre el dinero que se retacearía a las obras sociales y el subsidio a los casinos; su celebración de la libertad del ex líder bancario Juan Zanola, con argumentos falsos.
La Cámara Federal no dispuso que saliera de la prisión porque no hubiera pruebas en su contra, sino porque pasaron dos años de su detención sin que la causa fuera elevada a juicio, como reclama el Pacto de San José.
La identificación con Zanola tiende a excitar el nervio corporativo de los demás sindicalistas, pero no conviene a los intereses de Moyano, quien sólo podría ser acusado por la falsificación de troqueles para cobrar reintegros por medicamentos no suministrados a los pacientes, lo cual sería una defraudación, que tiene una pena leve y es excarcelable.
Pero Zanola fue a la cárcel por un delito mucho más grave: la entrega a través de la obra social bancaria de medicamentos falsos a pacientes oncológicos, en lo que constituye un atentado contra la vida.
El reclamo por los fondos que el Estado adeudaría a las obras sociales, que Moyano cifró entre 12 y 15 mil millones de pesos, fue la clave del discurso. Según el camionero, el gobierno cubrió con un manto de sospecha la relación entre las obras sociales y los trabajadores, como pretexto para quedarse con el dinero de las obras sociales.
El director del PAMI, Luciano De Césari, ya ha terminado de redactar el proyecto por el que las prestaciones de alta complejidad quedarán directamente a cargo de un nuevo ente público, aliviando a los sindicatos de esa tarea que cumplen desde que el dictador Juan Onganía se las asignó. El gobierno decidirá si la impulsa y cuándo.
Un nuevo proletariado
Cristina tiene un manejo simbólico más sofisticado. Sin necesidad de nombrar a Moyano se encargó de refutar o contextualizar aquellas observaciones de interés para los trabajadores, que ella diferencia de la dirigencia sindical.
A la misma hora que Moyano tronaba en Huracán, ella presidía un acto en la planta automotriz de Toyota, en Zárate, acompañada por una multitud de trabajadores mecánicos, cuya cantidad se triplicó en los últimos ocho años.
También reveló que los trabajadores de esa planta, que ampliará la producción de 65.000 a 92.000 vehículos por año, tienen un promedio de 25 años de edad y que hay 600 puestos de trabajo ocupados por jóvenes en su primer empleo. “A cada fábrica argentina la siento como propia, como hija de este proyecto nacional, popular y democrático que generó más de 5 millones de puestos de trabajo, en un país donde uno de cada cuatro argentinos no tenía empleo”, dijo. La escuchaba el flamante secretario general de SMATA, Ricardo Pignanelli, quien postuló la conveniencia de una mesa de diálogo entre el gobierno y el sindicalismo.
Exponente de una nueva generación, al frente de un gremio industrial en expansión, ya han comenzado las especulaciones sobre su posible elección en 2012 como sucesor de Moyano, quien dirige un gremio de servicios. Ya sea alejamiento transitorio o ruptura permanente, los cambios en la vinculación oficial con Moyano no dejarán de incidir en otras relaciones significativas, con el patronato y con los dirigentes políticos que aspiran a la sucesión dentro de cuatro años.
“La contradicción principal es entre el proyecto financiero neoliberal y el proyecto nacional popular y latinoamericano, y eso se expresa en la antinomia política kirchnerismo- antikirchnerismo. Nosotros sabemos de qué lado estamos”, dijo Facundo Moyano.
Triángulos
Más allá de las rispideces presentes, ese alineamiento está en la naturaleza de las cosas, cuando del otro lado se sientan Techint y el Grupo Clarín. En la Unión Industrial, el gobierno ha conseguido consolidar la posición de José Ignacio de Mendiguren, un clavel del aire cuya falta de raíces económicas lo torna tan maleable, en este momento para el poder político.
Las cordiales menciones de CFK, quien en sus discursos lo llama Vasco, contribuyeron a la irritación sindical, dado el rol del ex ministro de Devaluaciones y Pesificación Asimétrica durante el interinato presidencial del ex Senador Eduardo Duhalde, cuando el salario se hundió como nunca antes.
Pero ahora Mendiguren fue una pieza importante en el disciplinamiento de la oligarquía diversificada, simbolizado en la capitulación que el presidente de Techint, Paolo Rocca, firmó en el despacho presidencial. No sólo debió aceptar los tres directores estatales en SIDERAR, sino también anunciar la demorada inversión de 500 millones de dólares para terminar el segundo alto horno de fundición de palanquilla y un tren de laminado continuo en su planta de San Nicolás.
Por cierto, cualquier vigilancia es poca con el holding italiano cuya sede corporativa está en Luxemburgo. De hecho, el enfriamiento de las relaciones se produjo en 2008, cuando Rocca anunció que debido a la crisis global suspendería la construcción del alto horno y suprimiría los 2400 puestos de trabajo correspondientes.
El gobierno nacional, cuya política maestra frente a la crisis fue la preservación del empleo, respondió que no toleraría un solo despido y dictó la conciliación obligatoria con las uniones de obreros de la construcción y metalúrgicos. Techint utilizó esta situación para presionar al gobierno: si intercedía ante el presidente de Venezuela y éste indemnizaba la expropiada participación del grupo italiano en Siderúrgica del Orinoco (SIDOR), invertiría ese dinero en SIDERAR.
El gobierno hizo la gestión, consiguió que los despidos se convirtieran en suspensiones rotativas, pagó parte de los sueldos con el programa REPRO y aceptó que la obra se reprogramara a más largo plazo, pero no que quedara paralizada, en cuyo caso estudiaría las condiciones jurídicas para una eventual expropiación.
El gobierno cumplió su parte, pero Techint depositó en un banco de Alemania los primeros 400 millones de dólares que cobró, como reveló la presidente en mayo de 2009. La media sanción a la ley que declara de interés público la fabricación de papel para diarios, esta sí votada por los diputados de origen sindical, indica que también prosigue la reeducación del Grupo Clarín.
Aunque la articulación sea menos fluida de lo que a todos les convendría, es de todos modos inimaginable que la CGT cerrara filas con esos sectores y en contra del gobierno, como destacó uno de los dirigentes más lúcidos de la CGT, Juan Carlos Schmid. Otra pregunta es cómo jugará el distanciamiento de Moyano respecto del gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli. Hasta ahora, Cristina se sirvió de cada uno para limitar al otro. La gran conveniencia de Moyano para el gobierno nacional es que no posee una capacidad electoral equivalente a la de movilización.
Fue un aliado exigente, pero nunca un competidor como Scioli, cuya aspiración a la presidencia no es fantástica. También en este caso es improbable que ambos se coaliguen en contra de Cristina, ya que cualquiera de ellos tiene más puntos en común con la presidente que con el restante lado del triángulo.
De Terror
Por Horacio Verbitsky
Bajo la presión del G1, que por medio del GAFI amenazó a la Argentina con excluirla del G20, la Cámara de Diputados dio media sanción en la madrugada del viernes a un proyecto de ley de reforma del Código Penal, concebido con la misma técnica de ofertas de supermercado que el ex ingeniero Blumberg impuso en 2004.
Un nuevo inciso al artículo 41 duplica la pena para todos los delitos del Código si se cometieran con la finalidad de aterrorizar a la población o de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.
El reclamo de distintas organizaciones sociales y defensoras de los Derechos Humanos indujo al Poder Ejecutivo a una aclaración en el mismo inciso: ese agravamiento no se aplicará cuando los hechos se produjeran en el ejercicio de derechos humanos y/o sociales y de cualquier otro derecho constitucional.
En verdad esa salvedad tiene más valor político que jurídico, dado que ya el artículo 34 del Código Penal declara que no son punibles quienes actúen “en el legítimo ejercicio de su derecho”.
Con la misma finalidad de control de daños se reformó también un artículo del Código Procesal, para que estos delitos sean competencia de la justicia federal. Al menos eso limita la discrecionalidad de jueces provinciales que responden como sus gobernadores a intereses de los agronegocios o la minería, a expensas de los pueblos originarios o los pobladores pobres, como los de Gildo Insfran o Juan Manuel Urtubey que persiguen a los qom en Formosa o los wichís en Salta por defender sus tierras ancestrales.
Si se pretende prevenir y reprimir el terrorismo, es absurdo agravar las penas para todos los delitos del Código Penal. Además el tipo penal que se crea es tan indeterminado y abierto que compromete el principio de legalidad. La ley debe ser clara y precisa al describir lo que se va a castigar y el bien jurídico que se protege.
En este caso no lo es. La expresión “delitos dirigidos a aterrorizar a la población” es muy genérica y esto aumenta el riesgo de que las figuras penales sean utilizadas para criminalizar los conflictos sociales.
Además crea un desequilibrio normativo porque con el incremento de penas previsto, aún delitos menores pueden terminar teniendo penas superiores a la de otras figuras más graves, lo cual altera la necesaria proporcionalidad.
Al duplicar los mínimos, hay una enorme cantidad de delitos que si el juez interpretara que fueron cometidos con finalidad terrorista, pasarían a ser no excarcelables. Tanto el riesgo de ser procesado como de sufrir prisión preventiva tendría graves consecuencias para los militantes o referentes sociales acusados de querer aterrorizar.
Dada la práctica oficial en los ocho años transcurridos desde 2003 es claro que el gobierno nacional no procura reprimir las protestas sociales, pero su criminalización en manos de los jueces no es desdeñable. Así ocurre en otros países de la región, como Chile, donde se considera terrorista al pueblo mapuche por el incendio de un bosque.
Como ya ocurrió con la reforma Blumberg y con otras leyes de apuro (como la que amenazó con 30 años de prisión por el robo de un pasacasette, o aquella que agravó hasta 15 años de cárcel la pena por robar con un arma de juguete) fueron declaradas nulas o inconstitucionales por fiscales y jueces, aun antes de llegar a la Corte Suprema de Justicia, donde tienen pocas chances de pasar.
Pero entretanto una persona puede pasar años privada de su libertad antes de llegar al juicio que, de todos modos, no reparará todo lo sufrido. Es cierto que la ley que ahora entrará al Senado sale favorecida en el cotejo con los esperpentos que por la misma presión se sancionaron en otros países americanos. Pero esto no puede servir de consuelo en el país y con el gobierno del Nunca Menos.
18/12/11
