La dictadura militar despojó a 604 empresarios de todos sus bienes
Por Gimena Fuertes | 
Los casos, relevados hasta ahora por la Secretaría de Derechos Humanos, corresponden a exitosos hombres de negocios que resultaban un obstáculo para los grupos monopólicos cercanos a las cúpulas de las Fuerzas Armadas.
En el país hay 604 casos de empresarios despojados por el accionar represor de la última dictadura militar, según datos de la Secretaría de Derechos Humanos. Son víctimas del saqueo y de delitos de lesa humanidad, debido a que el avance de su actividad económica en determinados rubros era un obstáculo para los grupos monopólicos cercanos al poder político dictatorial. La metodología que denunció Lidia Papaleo para explicar cómo Clarín y La Nación se quedaron con Papel Prensa es similar a la que sufrieron todos los dueños de empresas apropiadas: secuestro, amenaza, libertad ambulatoria y firma de cesión de propiedades o acciones a empresas fantasmas y venta final a empresas monopólicas o vaciamiento.
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Carlos, Alejandro y Rodolfo Iaccarino eran prósperos empresarios lácteos hasta que los represores tomaron el poder del Estado. Entonces fueron secuestrados y torturados hasta que –obligados– vendieron sus campos de 25 hectáreas en Santiago del Estero y su avión privado cuyo valor ronda los 120 millones de dólares. A cambio, la familia recibió tres documentos valuados en alrededor de 300 mil dólares y las escrituras de 28 hectáreas de la cancha de golf del Sierras Hotel de Alta Gracia, que actualmente se encuentra en manos del Alta Gracia Golf Club y que aún reclaman los Iaccarino. En tanto, Daniel Paskvan, un prominente empresario agrícola, perdió durante la dictadura sus fábricas de Roque Pérez y Lobos, y las acciones de otra empresa en Santa Fe. En diálogo con Tiempo Argentino, las víctimas de estos delitos destacaron que todavía están en litigio con el Estado para recuperar sus bienes.
Mientras los Iaccarino están en juicio en el Tribunal Federal N˚ 1 de La Plata, a cargo del juez Hugo Corazza, Paskvan logró probar ante la justicia federal los delitos de subversión económica y violación de deberes de funcionario público. Como todavía la provincia de Buenos Aires no lo resarció, viajó el jueves pasado a La Haya para poder recuperar algo de su dinero.
Luis Alén, subsecretario de Derechos Humanos, a cargo de la Unidad Especial de Víctimas de Despojo Económico durante la época de la dictadura, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ahora querellante en la causa de los Graiver, investiga delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica. El funcionario confirmó a Tiempo Argentino que hasta ahora están registrados 604 casos de empresarios despojados. “El ministro de Economía de facto José Alfredo Martínez de Hoz y su grupo llevaron adelante una operatoria para concentrar la actividad económica en pocos grupos que respondieran a sus intereses. Hay una actividad común y un modus operandi similar en todas las apropiaciones”, contextualizó.
“No son saqueos de las casas de los secuestrados por parte de los grupos de tareas para obtener un botín de guerra, sino que son aquellos casos en los cuales lo que se hizo fue despojar a las víctimas con una motivación que era el despojo planificado. Tenía que ver con el verdadero objetivo que era el sistema económico del cual Martínez de Hoz era la cabeza visible”, explicó Alén.
Además, agregó: “Es un tipo de delito que no es igual que los crímenes comunes, necesita un tratamiento diferenciado por sus características particulares.”
Hoy Martínez de Hoz cumple prisión domiciliaria por el caso de los empresarios Miguel y Federico Gutheim, a partir de la derogación del decreto de Carlos Menem que lo indultaba. Los Gutheim, quienes fueron secuestrados el 5 de noviembre de 1976 y quedaron “a disposición del Poder Ejecutivo Nacional” porque Martínez de Hoz estaba negociando créditos con el gobierno de Hong Kong y ellos, dueños de la empresa importadora y exportadora de algodón, tenían desacuerdos comerciales con empresarios asiáticos. Cinco meses de cautiverio bastaron para “ablandar” a los Gutheim para que terminaran firmando lo que pretendía la cúpula represora.
El caso de Daniel Paskvan, el empresario avícola que tenía plantas productoras en Lobos y Roque Pérez, en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe, es tan paradigmático como el de los Gutheim, los Iaccarino y los Graiver. El 16 de mayo de 1980 con un operativo policial y militar los militares toman la empresa por orden del que era entonces ministro del Interior de la última dictadura, Albano Harguindeguy. “Vino la policía y nos dijeron ‘estos son los nuevos dueños’. Nos despojan de todo, de la empresa avícola y la fábrica de alimentos balanceados de Roque Pérez y Lobos, de un depósito en Capital Federal y de varios vehículos. Parecía una película. Todo el personal con uniforme de combate rodeando la empresa en el medio del campo. En ese momento ningún escribano nos quiso hacer un acta en que figurara que teníamos la empresa tomada por el ejército”, recordó en diálogo con este diario.
Los militares no necesitaron secuestrar a Paskvan para hacerse de las acciones de las dos empresas, ya que las robaron directamente del Banco Tornquist, propiedad del grupo de Héctor Capozzolo. “Agarran las acciones y se quedan con las dos empresas, una de Santa Fe, de mi padre, Dalmacio Paskvan, que era el principal accionista y la otra de Roque Pérez y Lobos, de la que éramos dueños mi padre y yo.” Según cuenta este empresario, una empresa multinacional que se llamaba Nutrimentos, que había comprado parte de la empresa local Purina, “pretendía quedarse con nuestras empresas y pasar a manejar el mercado”.
Paskvan inició una tarea judicial titánica para poder probar estos delitos y hasta ahora logró probar defraudación, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad en el juzgado penal de La Plata. En los tribunales de Azul probó subversión económica. Sin embargo, todavía no pudo recuperar un peso de todo lo perdido. Las acciones robadas de la empresa de Santa Fe no las volvió a ver, pero a partir de las condenas por el operativo en la provincia de Buenos Aires, recuperó la administración judicial de lo que quedaba de su empresa: sólo deudas. “Me devolvieron un muerto”, sintetizó.
Ahora reclama una reparación por parte del Estado y está tratando de llevar adelante un juicio político contra el fiscal del Estado de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Szelagowki, en ese cargo desde 1987, quien todavía no ordenó el resarcimiento por los delitos cometidos contra estos empresarios durante la dictadura. Este jueves viajó a la ciudad de La Haya en donde está tramitando desde hace tres años una causa en la Corte Penal Internacional.
Desde la Secretaría de Derechos Humanos, Alén opina que “el país sigue pagando las consecuencias de estas acciones. Es necesario establecer las complicidades del bloque civil con la parte militar, ya que fue una dictadura cívico-militar. Los grupos concentrados tuvieron una fuerte participación para instalar un modelo que pretendía que hubiera pocos grupos con actividad concentrada, y todo lo que se les escapaba tenía que ser suprimido.”
Fuente: Tiempo Argentino
