Por Gerardo Aranguren |
“Si no fuera por el reclamo popular, la causa ya estaría archivada”, aseguró la abogada que representó al albañil, desaparecido en 2006, durante el histórico juicio que terminó con la condena a perpetua de Miguel Etchecolatz.
“Si no fuera por el reclamo popular, la causa ya estaría archivada”, confesó resignada a Tiempo Argentino la abogada Guadalupe Godoy, quien representó a López en el histórico juicio que terminó con la condena a perpetua contra Etchecolatz y ahora lleva la querella del colectivo Justicia Ya por su desaparición forzada junto a Myriam Bregman.
Desde ese 18 de septiembre de 2006, los organismos de Derechos Humanos denunciaron que la desaparición de López se debía a su rol como testigo de delitos de lesa humanidad y apuntaron contra el entorno de Etchecolatz. Sin embargo, la justicia mantuvo durante tres meses la carátula de la causa como “averiguación de paradero” y aún hoy las pistas sobre el represor se fueron diluyendo en las idas y vueltas del expediente
“Desde el primer momento tuvimos la negativa de que se investigue el secuestro, porque el discurso era buscar a López. Tres meses después, la Corte Suprema ordenó que se investigue la desaparición, y un año y medio después logramos que se aparte a la Policía Bonaerense, que puso mucho empeño para hacer todo mal”, recordó Godoy.
En un resumen de los hitos de la causa que realizó la querella de Justicia Ya, se desprenden serias irregularidades durante los meses en los que estuvo al frente la Bonaerense, en ese momento con más de 9000 efectivos en funciones que habían prestado servicio durante la dictadura. Un ejemplo de eso fue un operativo en una finca en Atalaya, en el partido de Magdalena, apenas cinco días después de la desaparición. Previo al allanamiento, un grupo de policías se acercó a merendar con el propietario, Rubén Durso.
Por la noche, se realizó un operativo con helicópteros y perros, que reconocieron lugares, prendas y un colchón con rastros de López. Los organismos denunciaron que la policía “plantó” una prueba o frustró la producción de la misma. Dos meses después, las llaves de López aparecieron en el jardín de su casa. Las pericias de Gendarmería y la Bonaerense resultaron contradictorias, una afirmó que hacía poco tiempo que estaban en el jardín y la otra que estuvieron más de tres meses. Los organismos denunciaron nuevamente que se “plantaron” las pruebas o no se había rastrillado la zona correctamente.
Ya apartada la Bonaerense, debieron pasar seis meses más para que Corazza le diera el expediente a la secretaría especializada en delitos de lesa humanidad, que apuntó la investigación hacia los represores interesados en que López no declarara, aunque el envión sólo duró unos meses y dejó algunas pistas inconclusas. “Lo que vimos en los pocos meses que la secretaría especial de Juan Martín Nogueira investigó en ese sentido, con los allanamientos en Marcos Paz (donde estaba preso Etchecolatz), es el entramado de coordinación entre los penitenciarios, la policía, la Marina y los imputados en los juicios”, contó la abogada.
A pesar de las pruebas que se generaron en esos meses, esas líneas de investigación se perdieron y el expediente se paralizó ante el cambio de juez. Durante los primeros dos años, la causa fue instruida por el juez Arnaldo Corazza, quien se apartó en febrero de 2009 con el argumento de la “violencia moral” que le provocó la denuncia que hizo la familia de López contra él por no haber impedido el secuestro. La posta la tomó el juez Manuel Blanco, quien continúa al frente de la investigación. La abogada explicó que actualmente, la causa tiene movimiento, pero es sólo formal. “No podemos decir que no se otorgan las medidas de prueba que pedimos, pero el problema es cómo se cumplen, porque hay una cuestión burocrática que lo que demuestra es que no hay voluntad para investigar”, señaló Godoy.
