Operación amnistía
Por Horacio Verbitsky
Un grupo de presión reclama una amnistía y niega los principios del derecho internacional sobre crímenes de lesa humanidad. Pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de sostener lo contrario. El grupo fue creado por la Corporación de Abogados Católicos que depende del Episcopado. Lo forman abogados de multinacionales y ex funcionarios de la dictadura que temen seguir los pasos de James Smart y Joe Martínez de Hoz. El acto del martes en la Catedral apunta en la misma dirección.
Por Horacio Verbitsky
Un grupo de presión reclama una amnistía y niega los principios del derecho internacional sobre crímenes de lesa humanidad. Pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de sostener lo contrario. El grupo fue creado por la Corporación de Abogados Católicos que depende del Episcopado. Lo forman abogados de multinacionales y ex funcionarios de la dictadura que temen seguir los pasos de James Smart y Joe Martínez de Hoz. El acto del martes en la Catedral apunta en la misma dirección.
La semana pasada una nueva “Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia” remitió una carta pública a la Corte Suprema de Justicia. Sostiene que desde 2003 se ha consagrado una justicia de dos velocidades que niega derechos y principios esenciales “a los militares y fuerzas de seguridad empleados para combatir el terrorismo”, quienes son juzgados por delitos de lesa humanidad “que no existían como tales al momento de los hechos”. Interpreta que los ministros de la Corte sufren “inícuas presiones” por parte del Poder Ejecutivo, de miembros del Legislativo y de “grupos de presión” que “pretenden convertir la justicia en su propia venganza” y “no contentos con haber conseguido en los estrados judiciales un derecho ínfimo a sus enemigos, ahora van por más”. Esa es una ostensible referencia a los avances de las investigaciones en dirección a los responsables civiles, como los ya detenidos James Smart y Joe Martínez de Hoz.
La Corporación
Este nuevo grupo de presión fue gestado por la Corporación de Abogados Católicos, creada por el Arzobispado de Buenos Aires en 1935. La sede de la Corporación figura donada por la compañía Pérez Companc, una de las pantallas de negocios del Episcopado. El propósito que declara la Corporación es ordenar los actos de las personas y de la sociedad según los dictados de la jerarquía católica, que conduce al organismo a través de un asesor espiritual, en este momento el monseñor Víctor Pinto. También se propone convertir las normas del llamado derecho natural de esa iglesia en leyes y actos de gobierno y defender a sus socios. Creada para sumar a sectores liberales y para no dejar demasiado a la vista la huella episcopal, la nueva Asociación está formada por dirigentes de Fores y del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, como sus ex presidentes Enrique V. Del Carril y Eugenio Aramburu, abogados de grandes empresas trasnacionales, ex funcionarios de la dictadura, partícipes en los alzamientos armados contra los gobiernos constitucionales y familiares de algunos detenidos por los delitos cuyo juzgamiento impugnan. Su presidente, Alberto Solanet, también lo fue de la Corporación. El propósito del grupo, explicitado por Solanet, es “una amnistía general”, que clausure “la venganza, la persecución implacable”. Esa fue la expresión que usó Martínez de Hoz para referirse a su detención. Sus hijos pretenden que fue dispuesta por el gobierno nacional como trofeo del Bicentenario, algo que no se sostiene en ninguna constancia de la causa. Otro de los firmantes es Eduardo Bieule, el actual presidente de la Corporación y su ex vocal Fernando Miguel Bosch. Bieule y Octavio Schindler, quien también suscribe la carta a la Corte Suprema, se niegan a reconocer la igualdad de derechos a quienes siguen una orientación sexual distinta a la mayoritaria y activan en contra de la reforma de los artículos del Código Civil sobre el matrimonio. Para los firmantes, “todos los ciudadanos estamos en libertad condicional”, afirmación de inocultable tono autorreferencial.
Beautiful people
Un rubro nutrido entre los firmantes es el de los ex funcionarios de la dictadura, que temen seguir la suerte de Martínez de Hoz y Smart, o sus familiares. Entre ellos:- Emilio Daireaux, fue uno de los miembros de la intervención militar en la Corte Suprema de Justicia a partir del golpe de 1976. Esa es la justicia que añora el grupo de presión.
- Alberto Rodríguez Varela, fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires y ministro de Justicia del dictador Jorge Videla. El general Ramón Camps le agradece en el prólogo de su libro Caso Timerman. Punto Final, “por su colaboración en este caso”, no “por el solo hecho de haber desempeñado funciones en el gobierno militar”.
- Edgardo Frola, fue subsecretario de Asuntos Institucionales de la provincia de Buenos Aires. Otro de los agradecidos por Camps en el mismo libro. Frola también fue abogado defensor del ex general Roberto Viola, del jefe carapintada Aldo Rico y de los los comisarios secuestradores y torturadores Samuel Miara y Luis Patti.
- Gastón Pérez Izquierdo, ministro de gobierno de Buenos Aires. Al concluir la dictadura acusó al canciller Dante Caputo de ¡”extorsión a los Estados Unidos”!
- Guillermo Walter Klein, fue segundo de Martínez de Hoz en el ministerio de Economía. La Comisión del Congreso que investigó la ruinosa estatización de la compañía Italo de electricidad por 400 millones de dólares allanó su estudio. Por la puerta y la escalera de servicio escaparon los hijos de Martínez de Hoz y Mariano Grondona con dos valijas cargadas de documentación. El funcionario del ministerio de Economía Juan Carlos Casariego de Bel, quien sostenía que la Italo no valía más de ocho millones de dólares, desapareció el 15 de junio de 1977, cuando iba a encontrarse con Klein. Dos centenares de carpetas sustraídas por los juniors Martínez de Hoz y Grondona fueron recuperadas y permitieron reconstruir también la fuga de capitales: el dinero de argentinos depositado en bancos del exterior se contabilizaba como préstamos que, una vez estatizados, engrosaron la deuda externa.
- Lucas J. Lennon, interventor en la Universidad Nacional de Buenos Aires, ministro de Justicia y luego defensor del último dictador, Benito Bignone, ya condenado. Miembro de la Corporación.
- Ricardo, Daniel y Marcelo Saint Jean, firmaron la carta en defensa de sus padres, los generales Manuel Ibérico y Oscar Alfredo Saint Jean, que fueron interventores el primero en la provincia de Buenos Aires y el segundo en el Ministerio del Interior. Fueron abogados del Banco Citi y de la banda de Camps y del comisario Miguel Etchecolatz.
- Bernardo José Menéndez firma como abogado, pero es un coronel del Ejército que actuó como subsecretario de interior con Galtieri. Este año fue condenado por cinco secuestros y un homicidio agravado, pero sigue en libertad hasta que el fallo sea confirmado por la Corte Suprema a la que se dirige denunciando falta de garantías para él y los suyos.
- José Ignacio Garona fue juez y camarista de San Isidro durante la dictadura y rechazó los recursos de hábeas corpus por los secuestrados del astillero Mestrina Jorge Omar Lezcano y Antonio Pandolfino. Fue defensor del ex brigadier Ramón Agosti. Un testigo mencionó entre sus compañeros de cautiverio a Rafael Carlos Eldestein. Garona le preguntó si sabía cuánto tiempo había pasado allí Celestein. “Eldestein”, corrigió el testigo. “¿Cuánto tiempo compartió la habitación con Silverstein?”, insistió Garona. Cuando el camarista Carlos Arslanian le deletreó el apellido, Garona farfulló: “Yo para ciertos nombres...”. Para eludir riesgos, repreguntó: “¿Cuánto tiempo estuvo con ese hombre?”
- Gustavo y Horacio Tomás Liendo, hijos del ministro de Trabajo de la dictadura, involucrados en el escándalo de la quiebra del Banco Comercial de La Plata, a través del cual canalizaba sus negocios el entonces arzobispo de esa ciudad Antonio Quarracino. Gustavo fue su gerente de Asuntos Legales. El BCLP había creado en el paraíso financiero de Bahamas un banco cáscara offshore, al que fueron a parar algunos bienes que reclamaba el Vaticano. Horacio Liendo (h.) también está bajo investigación judicial por el mecaganje de 2001.
- Orlando Gallo, ex juez federal durante la dictadura, también ex dirigente de la Corporación de Abogados Católicos, defensor de varios de los compañeros de Aldo Rico en los alzamientos carapintada.
- Norberto Quantin. Durante la dictadura, el juez Raúl Zaffaroni ordenó la libertad de un detenido a disposición del Poder Ejecutivo. El fiscal Quantín apeló porque el Poder Judicial no puede “inmiscuirse en la esfera política” si la patria sufre una “guerra revolucionaria”. La Cámara del Crimen confirmó el fallo de Zaffaroni. Quantín recurrió a la Corte Suprema alegando que el detenido carecía de “posibilidades ciertas y positivas de recuperación para acceder a su reinserción en la sociedad”. En 1990 y 2003 aceptó dictaminar en el fuero federal, que no es el suyo, en favor del indulto para procesados y en defensa de las leyes de punto final y de obediencia debida. Este último dictamen contiene más provocaciones políticas que argumentos jurídicos y alega en forma maliciosa contra los principios generales del derecho que se oponen a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad: “¿Acaso en Francia, cuna de los derechos humanos, se aplican [esos principios] al general Aussaresses?”, quien reconoció haber practicado la tortura y ejecuciones sumarias en Argelia. “¿Acaso los ponen en práctica los Estados Unidos, gendarme del mundo? ¿Se ha marginado a Israel del derecho internacional?”. Claro que no, pero nadie los propondría como ejemplo.
Abogados de negocios
Otro grupo destacable es el de los abogados de grandes empresas, muchos de los cuales litigan contra el Estado en foros internacionales y denuncian una presunta falta de seguridad jurídica. Algunos defienden además a represores:- Martínez de Hoz (h.) y Manuel Benites representaron ante el Ciadi a la compañía eléctrica chilena Enersis, que reclamaba a la Argentina 1800 millones de dólares, y a la petrolera alemana Wintershall, que pedía 480 millones. Ambos son directivos de la compañía aérea LAN, en representación de capitales chilenos y estadounidenses.
- Jaime Luis Anaya y José de San Martín fueron denunciados en un litigio entre accionistas de la empresa Aluar, de la que Anaya, que también integra la Corporación, era el abogado principal. Según la accionista Mónica Madanes el voto del camarista en lo comercial Manuel Jarazo Veiras habría sido comprado por Aluar, mediante la contratación de San Martín, íntimo del camarista, para una auditoría ajena a la causa. Jarazo renunció.
- Patricio Petersen fue denunciado por el ex secretario de juzgado comercial José Uriburu, por direccionar a favor del Opus Dei la venta de la quiebra del Hotel Presidente. El entonces juez Antonio Boggiano fue absuelto en un jury que presidió otro miembro de la organización confesional beneficiada, Abelardo Rossi, uno de los interventores en la Corte Suprema designados por la dictadura. Petersen integraba la sociedad fachada del Opus.
- Enrique Guillermo Avogadro, director de la liquidada compañía financiera Credibono.
- Carlos Bosch, abogado del Banco Central y del banco Ciudad durante el menemismo.
- José Luis Fourcade fue abogado del estudio Uriel O’Farrell, que tenía entre sus clientes a grandes empresas estadounidenses, como Ford, Goodyear, Procter & Gamble y Duperial.
- Pablo Rueda, quien se formó como abogado en el viejo estudio Marval O’Farrell, que tenía como principales clientes a Coca-Cola, Texas Instruments, Banco de Boston, Merrill Lynch y Refinerías de Maíz.
Los defensores
Aunque el grupo de presión diga que defiende personas y no “las demasías de ayer”, algunos firmantes han dado muestras en contrario:- Fernando Goldaracena. Como codefensor del ex almirante Armando Lambruschini llegó a sostener que “es inaceptable apelar a la ética o la moral para calificar la guerra”. Citando a Macaulay adujo que “la moderación es una estupidez”.
- Oscar Igounet fue defensor del ex capitán Rafael López Fader por su participación en el primer secuestro del empresario Osvaldo Sivak. Defiende la disuasión por medio del terror. “Manejando estratégicamente este condicionante del psiquismo, podrá conseguirse que el enemigo se desbande por pánico. Así es la guerra”. Usó la influencia de su hermano, edecán militar de Memen, para lograr un indulto presidencial para López Fader, quien además fue contratado por la SIDE. También defendió al militar carapintada Héctor Daniel Ferrer detenido en el momento de cobrar 5000 dólares por la extorsión a un comerciante.
- Juan Aberg Cobo, defensor de Alfredo Ignacio Astiz y otros marinos y abogado de empresas norteamericanas. La declaración dice que no intentan “legalizar en actas judiciales una versión sesgada de la historia”, lo cual contradice las estrategias seguidas en la causa ESMA. Aberg Cobo se autodefine como “soldado ignaciano”, y no por su amigo Astiz.
- Juan Luis Gallardo y Gerardo Palacios Hardy, fueron columnistas habituales de la revista Gladius, dirigida por Rafael Breide Obeid y justificadora de la guerra sucia. Gallardo defendió los métodos represivos de la dictadura con un presunto cuento campero. Un comisario les pegó “tremenda marimba é palos” a los cuatreros y los hizo desaparecer. “Barbaridá, sí. Pero se acabó el cuatreraje.”
- Abel Parentini, quien debió renunciar como ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, por su defensa de la dictadura.
- Félix Dufourq. Junto con su hermano Esteban presentó el recurso judicial que impidió la proyección de la película La última tentación de Cristo. Ambos son hijos del ex juez de la dictadura Félix Esteban Dufourq, cesanteado por el gobierno constitucional de 1984 y fundador del partido Orden y Justicia “para defender a la Argentina cristiana que está en peligro de desaparecer”. Los Dufourq organizan la asistencia a las misas según el rito tridentino oficiadas por el ex obispo castrense Antonio Baseotto y las visitas a los militares detenidos en Marcos Paz y al sacerdote Christian von Wernich, cuya condena a prisión perpetua fue confirmada esta semana por la Corte Suprema, sin que la Iglesia le aplique una sanción canónica.
- Bobby Roth, secretario legal y técnico de la presidencia durante la dictadura de Onganía.
- Guillermo Moreno Hueyo, socio de Solanet, fue funcionario y defensor de De la Rúa.
- Enrique Munilla, defensor de Galtieri, era abogado del Banco General de Negocios de los hermanos Rohm. La jueza María Servini pidió indagarlo por las conversaciones telefónicas con un directivo prófugo, pero no le fue permitido, para garantizar el derecho de defensa que según dice el grupo de presión no se respeta.
- Augusto José Padilla fue candidato a diputado por el Modin de Aldo Rico, antes de que Eduardo Duhalde lo comprara.
- Federico Young, otro ex juez de la dictadura, debió renunciar a un cargo jerárquico en el gobierno porteño de Maurizio Macrì, cuando se denunció que, entre otros represores, había contratado al teniente coronel Enrique Jordana Testoni, juzgado en Rosario en una causa que lleva su nombre.
A pesar de sus contactos internacionales y su presunta sofisticación, los abogados de la asociación por la justicia y la concordia son provincianos ignorantes de lo que ocurre en el mundo: el lunes 17 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ratificó una condena por crímenes de guerra cometidos en 1944 por un ex militar soviético que hoy tiene 87 años y dijo que esos delitos ya eran imprescriptibles entonces.
