Por Walter Goobar
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Al declarar la Corte Suprema la inconstitucionalidad del indulto a Alfredo Martínez de Hoz, el ex ministro de Economía de la dictadura, quedó ayer a un paso de la detención domiciliaria , situación en la que ya están el genocida Jorge Rafaél Videla y el ex titular de la cartera de Interior, Albano Harguindeguy. Los tres están acusados por el secuestro extorsivo de los empresarios textiles Federico y Miguel Ernesto Gutheim. El caso Gutheim -que está a cargo del juez Norberto Oyarbide-, va a desnudar que el hombre mimado por el poder económico fue instigador no sólo del secuestro de los Gutheim, sino de decenas de empresarios y funcionarios.
En todos esos casos los negocios particulares de los grupos económicos que sustentaban la dictadura se hicieron a punta de fusil, capucha y picana.
El mentor del plan económico que dio sustento al genocidio, tiene en claro que pronto puede quedar preso en su departamento del exclusivo edificio Cavanagh, frente a la plaza San Martín, que -por una paradoja del destino-, lleva la letra "G", la inicial de dos de sus víctimas: los empresarios Federico y Miguel Gutheim.
Durante 1984 y 1985, una comisión parlamentaria presidida por el diputado radical Tello Rosas investigó la guerra sucia económica y comenzó a desenredar la madeja tirando del hilo del caso Italo: la compañía suiza de electricidad que fue presidida por Martínez de Hoz. Valorada inicialmente en 80 millones de dólares, fue adquirida en 1978 por el Estado en 400 millones. Martínez de Hoz intervino personalmente en las negociaciones de compra.
La comisión de Diputados constató que era habitual el uso de seudónimos para referirse a funcionarios en una práctica que recuerda a la de los Grupos de Tareas: "El señor Ferrarri" era el seudónimo que usaba Martínez de Hoz. "García", a quien había que elevarle un proyecto de decreto era Jorge Rafael Videla.
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En una habitación blindada de las oficinas de Guillermo Walter Klein - subsecretario de Planificación Económica y mano derecha de Martínez de Hoz-, la comisión parlamentaria secuestró manuales sobre cómo llevar a la quiebra o absorber una empresa industrial, informes militares sobre la guerra antisubversiva firmados por el general Ramón Camps y copias de télex a la banca internacional facilitando información reservada sobre futuras decisiones del Banco Central.
Según el periodista Jorge Devincenzi que investigó el tema, todos los secuestros y los atentados que se registraron en la órbita del ministerio de Economía, estuvieron vinculados con la oscura negociación para la estatización de la empresa Ítalo que sólo podía hacerse, tal como se hizo, al margen de la ley.
Devincenzi ha recopilado los asesinatos y desapariciones en el entorno de Martínez de Hoz:
-El secretario de Energía Guillermo Zubarán, MURIÓ tras un extraño accidente automovilístico en el sur.
-El subsecretario de Coordinación del ministerio de Economía, Miguel Tobías Padilla, recibió un tiro en la cabeza a través de la ventanilla de su automóvil en abril de 1978.
-Francisco Soldati padre que había presidido el directorio de la iTALO y formaba parte de la conducción de su controladora, Motor Columbus, también fue víctima de un atentado.
-Juan Carlos Casariego del Bel que se desempeñaba como director del Registro de Inversiones Extranjeras en el ministerio de Economía, fue secuestrado el 15 de junio de 1977. Sus familiares han sostenido que el abogado desaparecido se negaba a destruir evidencias o firmar disposiciones non sanctas.
-El sucesor de Casariego del Bel, Aurelio Cid, también fue secuestrado y luego estuvo un año preso a disposición del PEN"
Cuando los diputados interrogaron a Martínez de Hoz por el secuestro y tortura de los directivos del Banco de Hurlingham, el ex ministro hizo gala de un cinismo a prueba de bala.
P.: Hubo denuncias en el sentido de que durante el lapso que usted fue ministro, personas encapuchadas interrogaron a distintos funcionarios del Ministerio de Economía.
Martínez de Hoz.: Nunca me llegó ninguna denuncia al respecto.
P.: Hubo también denuncias en el sentido de que miembros o asesores de su ministerio habrían intervenido en el secuestro y posterior desaparición del directivos del banco de Hurlingham (del grupo Graiver, con el que el ex ministro había estado relacionado).
M. de Hoz.: Fue todo al revés. Quien tomó la decisión de hacer las cosas en el Banco de Hurlingham, en contra de nuestro consejo, fue el general Suárez Mason. Tanto es así que el doctor Abeledo, que era subsecretario del doctor Klein, dejó ese cargo durante un tiempo y se le pidió que fuera síndico del Banco de Hurlingham.
El expediente de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas revela que el 5 de noviembre de 1976, Federico Gutheim, dueño de la empresa Sadeco, importadora y exportadora de algodón, fue detenido junto a su hijo Miguel durante cinco meses por un pedido de José Martinez de Hoz a su amigo y ministro del Interior Albano Harguindeguy. La dictadura buscaba "ablandarlos" para que negociaran con representantes de empresas chinas a las que José Alfredo Martínez de Hoz quería beneficiar.
En octubre de 1976 -es decir-, un mes antes de su detención, Gutheim fue llamado por el Dr. Fraguio, titular de la Secretaría de Comercio Exterior, quien le dijo que, por su culpa, al Ministro Martínez de Hoz le habían denegado en Hong Kong una línea de créditos para la Argentina. Gutheim le ofreció renegociar el contrato con el exterior pero no sirvió de nada.
La noche del 5 de noviembre fuerzas policiales -que decían actuar por orden del Jefe de la Policía Federal- lo detuvieron junto a su hijo Miguel. Ese mismo día se dictó un decreto para convalidar la detención. De hecho, el decreto lleva las firmas de Alfredo Martínez de Hoz, Albano Harguindeguy y Jorge Rafaél Videla.
De acuerdo al expediente que ahora está en el juzgado de Norberto Oyarbhide, padre e hijo pasaron por la alcaidía del Departamento de Policía y por la cárcel de Caseros.
En su lugar de detención fueron visitados por un funcionario que dijo ser del Ministerio del Interior, que le propuso renegociar los contratos con Hong Kong. Los detenidos aceptaron y allí comienza una de las etapas más surrealistas de este caso. Los Gutheim fueron sacados de la cárcel en cuatro oportunidades, para negociar con los chinos de Hong Kong. Los acompañaron un representante de la Secretaría de Comercio Exterior y un escribano.
Tras cinco meses de detención, los Gutheim fueron liberados por decreto del 6 de abril de 1977. A los dos meses de su liberación, los detuvieron nuevamente. También detuvieron a sus abogados. Los Gutheim recuperaron su libertad luego de varios días.
En 1988, el entonces fiscal Anibal Ibarra, aseguró que en el expediente estaba documentado que los funcionarios que intervinieron lo hicieron "en cumplimiento de instrucciones del ministro de Economía".
Agustín Jaime Pazos, subsecretario de Comercio Exterior de Martínez de Hoz, confirmó en sede judicial que el arresto de los industriales textiles se había gestado en el ministerio de Economía.
Martínez de Hoz que en esa época debió pasar 77 interminables días en la Unidad Penitenciaria 22, se defendió afirmando que los hechos no podían considerarse delictivos, pues constituían decisiones de política económica, que no podían ser investigadas por la justicia.
En marzo de 1990, el entonces fiscal de Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas pidió 10 años de cárcel para Videla, Martínez de Hoz y Harguindeguy por "secuestro extorsivo". Pero en diciembre de ese año, Carlos Menem indultó a los tres acusados.
Los Gutheim fueron indemnizados por el Estado en 80 millones de australes, pero en 1995 Federico murió y su fábrica que limpiaba desperdicios de algodón, se transformó en un depósito que se subalquila a otras pymes. Quedó en manos de Miguel, que hoy es representante de textiles brasileñas en la Argentina.
El caso de los Gutheim salió de archivo luego de que la Asociación de ex Detenidos-Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Secretaría de Derechos Humanos reclamaran la inconstitucionalidad de los indultos. El juez Oyarhbide les dio la razón a los organismos y reabrió la causa Gutheim. Ahora, la Corte dejó sin efecto el indulto.
El hombre enjuto, de orejas separadas y mirada huidiza que rigió los destinos económicos de la Argentina podría perder la libertad en las próximas horas. El Cavanagh se convertirá en su celda.
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